El colectivo Sanfermines 78 Gogoan interpuso ayer una querella en el juzgado decano de instrucción de Iruñea contra el exministro del Interior Rodolfo Martín Villa, entre otros cargos públicos y mandos policiales, por su presunta responsabilidad en los incidentes registrados en los sanfermines de 1978.

Una querella que, según explicó en conferencia de prensa la abogada Lourdes Etxeberria, califica provisionalmente los hechos como un delito de lesa humanidad en concurso con un delito de asesinato u homicidio y otro de lesiones, y se dirige, además de contra el exministro, contra el gobernador civil de la época, un comisario de Policía y diversos mandos de la Policía española y la Guardia Civil.

La abogada explicó que el contexto en el que se desarrollaron los hechos de sanfermines de 1978 «es importante para la calificación jurídica que se va a dar». Asimismo, aclaró que en su momento se abrieron cinco sumarios por estos hechos, pero todos acabaron con el sobreseimiento provisional, lo que supone que no se considera el caso como «cosa juzgada» y por tanto pueden interponerse nuevas querellas, como la presentada ayer. «Cualquier juzgado puede volver a investigar los hechos ocurridos en un contexto de crímenes de lesa humanidad», alegó la abogada.

Etxeberria quiso dejar claro que en su momento «hubo una serie de pruebas que se admitieron» pero que «ni el Ministerio de Interior ni la Policía enviaron los documentos requeridos». Por ello, en la querella criminal –presentada por recomendación de la Comisión de la Verdad del Ayuntamiento de Iruñea– se solicita al juzgado la práctica de diversas averiguaciones, como documentos que no se remitieron en su momento, la citación de testigos que no declararon y que se tengan en cuenta hechos previos a los incidentes que no se consideraron en el año 1978.

Además de esta querella, Sanfermines 78 Gogoan anunció que se ha presentado un informe desarrollado por la Universidad Pública de Nafarroa (UPNA), «un estudio de lo que ocurrió antes y durante los hechos». Este mismo informe recomendaba que el Ayuntamiento de Iruñea presentase también una querella, y, tal y como anunció Sabino Cuadra, miembro de la iniciativa Sanfermines 78 Gogoan, «el Ayuntamiento lo está estudiando», ya que la iniciativa pretende que los afectados por aquellos sucesos y las entidades sociales e institucionales se adhieran a la demanda.

Cuadra anunció asimismo un calendario de «actividades de denuncia», en el que están previstas varias «actuaciones institucionales y judiciales». «Esto tiene que ser un inicio de un recorrido jurídico», señaló.

40 años sin verdad ni justicia

Cuadra recordó que el 8 de julio de 1978 la Policía española lanzó en Iruñea 5.000 pelotas de goma y 2.000 botes de humo y gas y, además de un fallecido por un disparo, hubo 11 heridos de bala y cientos de contusionados. Esta actuación policial «premeditada», dijo, fue «un crimen de Estado», en el que «no hubo justicia alguna».

Fermín Rodríguez, hermano de Germán, aseguró que lo ocurrido aquella fecha fue «un delito de terrorismo de Estado», que fue «premeditado» y «absolutamente indiscriminado». De igual modo, denunció que familiares y allegados «llevamos 40 años sin verdad ni justicia», 40 años en los que «jamás nadie del Gobierno español nos ha dado una explicación» por lo ocurrido aquel día negro.