El atentado reivindicado por el Estado Islámico (ISIS) contra la catedral de Jolo, que provocó la muerte de veinte personas el domingo, supone un desafío para las autoridades filipinas y para los rebeldes musulmanes que firmaron el acuerdo de paz en 2014 en el sur de Filipinas.

Dos explosiones devastaron el edificio religioso en la isla de Jolo, bastión del movimiento yihadista Abu Sayyaf, al margen del proceso de paz.

Las negociaciones llevadas a cabo durante años culminaron la semana pasada con un referéndum local que aprobó la creación de una nueva región autónoma, Bangsamoro.

Los musulmanes tomaron las armas en los años 70 reclamando la autonomía o la independencia de la que consideran su tierra ancestral. Esta insurrección ha provocado la muerte de 150.000 personas.

El principal grupo rebelde, el Frente Moro Islámico de Liberación (FMIL) firmó el acuerdo de paz que suponía la autonomía en algunas partes de Mindanao y en islas del sudoeste. «Es un gran reto para el Gobierno de Bangsamoro», opina el presidente del Instituto Filipino para la Investigación de la Paz, la Violencia y el Terrorismo, Rommel Banlaoi, para quien los militantes del FMIL deben probar que pueden llevar prosperidad a la región. «La tarea a la que se enfrentan es enorme», asegura.

Las autoridades indicaron que el ataque probablemente fue cometido por la facción Ajang Ajang, un grupo con unas pocas decenas de miembros, y estuvo motivado por la venganza por la muerte de su líder el año pasado. Según las fuerzas de seguridad, esta facción está integrada por familiares de miembros de Abu Sayyaf que murieron en enfrentamientos con el Gobierno.

Especializado en secuestros, Abu Sayyaf también es acusado de los peores atentados en el archipiélago. Surgido en los años 90 y vinculado a Al Qaeda, este grupo se ha dividido en varias facciones, algunas de las cuales han jurado lealtad al ISIS. Sin embargo, no es necesariamente el caso de todos los miembros de Ajang Ajang, «una facción extraña», según Banlaoi.