Dime quién te acusa y te diré quién eres. Después del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, juzgado en los 90 por las torturas a Kepa Urra, la Fiscalía llamó ayer como testigo contra los dirigentes independentistas a Sebastián Trapote, exjefe de la Policía española en Catalunya y autor del disparo que en 1974 acabó con la vida del mecánico José Luis Herrero Ruiz en Badalona (información de Elcritic.cat). Ni siquiera fue juzgado por la vía penal, verbigracia de los indultos generales de 1975 y 1977. Y tras Trapote llegó Ángel Gozalo, jefe de la Guardia Civil en Catalunya, que hace seis años condecoró a veteranos de la División Azul (información de “La Directa”).

Las declaraciones de Trapote y Gozalo estuvieron marcadas por el mismo patrón. Ambos remarcaron que al exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero no le gustó la designación de De los Cobos como coordinador policial, y aseguraron que el plan de actuación de los Mossos era el de cualquier elección ordinaria, algo falso, pues un informe elaborado bajo el 155 certificó que se trató del mayor despliegue realizado por los Mossos d’Esquadra en su historia.

Ambos defendieron igualmente que su papel era cumplir las órdenes de la Fiscalía de impedir el referéndum; una orden que no vieron matizada por el posterior auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que supeditó la actuación policial al mantenimiento de la «normal convivencia». Sin demasiadas sorpresas, ambos defendieron también las respectivas actuaciones de sus cuerpos. Trapote, por ejemplo, la calificó de «racional, congruente y proporcional». También coincidieron en señalar que la resistencia en muchos colegios estaba «muy organizada» y que, en algunos casos, abortaron intervenciones debido a la «virulencia» de la situación creada.

Acabado el guion preparado por las acusaciones, sin embargo, algunos matices asomaron la cabeza en los interrogatorios de las defensas. Por ejemplo, Trapote se negó a calificar el operativo de los Mossos de obstruccionista –algo que sí han hecho en días previos sus superiores–, y se limitó a describirlo como «pasivo». Gozalo, por su parte, fue más duro y aseguró que la Policía catalana se negó a ayudarles a la hora de «mantener el orden público».

Trapote se mostró algo más vulnerable ante las preguntas planteadas por las defensas. Reconoció que ninguno de los cerca de 50 colegios en que intervino la Policía española acabó cerrando, dijo que no se hallaron armas y que, en contra de lo señalado por el exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, no tenían orden judicial para entrar en la sede de la CUP el 20 de setiembre, una actuación que está siendo investigada en un juzgado de Barcelona.

Más contundente, Gozalo acusó al independentismo de utilizar «un lenguaje prebélico» y reconoció que la Guardia Civil investigaba al independentismo desde 2014. «Tenemos historia, historia acumulada», advirtió.

Demostrar que los Mossos –17.000 agentes armados–, fueron una pieza imprescindible en el engranaje del 1-O es una obsesión para las acusaciones en su intento por apuntalar los cargos de rebelión o, como mal menor para ellos, sedición. Lo que este esfuerzo deja de manifiesto, sin embargo, son dos modelos policiales contrapuestos. Uno que se aferra, como hizo ayer Gozalo, al himno de la Guardia Civil –«el orden y la ley»–, y otro que reivindica el auto del TSJC y el mantenimiento de «la normal convivencia».

Los Mossos y el 1-O

La diferencia quedó en evidencia con la declaración de Manel Castellví, jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra y primer cargo de la Policía catalana en declarar en el juicio. Ayer solo dio tiempo a que contestase a las preguntas de las acusaciones, por lo que su interrogatorio seguirá el lunes.

Sin embargo, se pudieron constatar unas primeras pinceladas. La principal es que Castellví aseguró que los Mossos recomendaron desconvocar el 1-O. Además, explicó que los CDR están formados «por personas de diferentes asociaciones y grupos», recordó que cerraron tres veces más colegios electorales que la Policía española y la Guardia Civil y ratificó su compromiso con el auto del TSJC. El auto de la discordia.

 

Llega el turno para Trapero y el Diplocat

El Tribunal Supremo hizo públicos ayer los llamamientos para la próxima semana en el juicio contra el independentismo catalán. Se celebrarán sesiones de lunes a jueves, si bien el miércoles y el jueves centrarán el principal interés mediático. El 13 de octubre declararán, por la mañana, el ex secretario general del Diplocat, Albert Royo, y el delegado de la Generalitat ante la UE, Amadeu Altafaj, piezas clave en la internacionalización del proceso y cesados con la aplicación del 155. Por la tarde llegarán Paul Sinning, director de The Hague Centre for Strategic Studies, y Helena Catt, directora del International Election Expert Research Team. Ambos organismos estuvieron como observadores el 1-O.

El jueves llegará el turno del esperado exmayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, continuamente citado durante el juicio. También están citados Josep Maria Jové, Santiago Vidal y Carles Viver Pi i Sunyer, si bien está por ver que declaren, ya que siguen investigados en el juzgado 13 de Barcelona. B.Z.