Organismos de ayuda a inmigrantes, ONG, partidos políticos, organizaciones feministas y asociaciones de jueces criticaron ayer con dureza la polémica iniciativa del PP que liga maternidad, inmigración irregular, aborto y recursos económicos.

La propuesta plantea retrasar la expulsión de mujeres inmigrantes embarazadas en situación irregular que den a sus hijos en adopción .

La polémica obligó al presidente del PP, Pablo Casado, a matizar sus palabras y asegurar que no se trataba de «blindar» a esas mujeres sino de asegurar que no se iniciará un procedimiento de expulsión por dar en adopción a sus hijos porque lo que se pretende es garantizar la confidencialidad de sus datos una vez iniciado el proceso, como aseguró que se hace en las comunidades en las que gobierna su partido, como es el caso de Madrid.

Casado, que afirmó que se ha tergiversado su propuesta y señaló que lo ocurrido es un claro ejemplo de «fake news», puntualizó que en ningún caso se trata de frenar las expulsiones de inmigrantes en situación irregular a cambio de la adopción sino de «evitar el abandono de bebés e impedir que se expulse del país a esas mujeres al dar sus datos a la hora de tramitar un proceso de entrega en adopción».

La medida planteada, dice ahora, busca «garantizar los derechos de esa mujer que no quiere ser detenida por dar a su hijo en adopción si ya había decidido abandonarlo, y que todas las ONG, servicios sociales y países de nuestro entorno avalan».

Pero el rechazo a la propuesta del PP fue general. Mientras el PSOE calificaba de «brutal» y «cruel» la propuesta y Podemos la tildaba de «xenófoba», desde el Gobierno español se aseguraba que «nunca» se expulsa a mujeres embarazadas en situación irregular –ni a madres de hijos nacidos en el Estado español– y que la atención a estas, dada su situación de especial vulnerabilidad, es «prioritaria».

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) criticó la propuesta por «estigmatizar» a las personas migrantes, «en este caso el eslabón más débil». Para CEAR, «lanzar esta propuesta aprovechando una ley de apoyo a la maternidad muestra el desconocimiento absoluto de la ley de extranjería y evidencia la falta de políticas y propuestas en materia de migración».

Médicos del Mundo preguntó al PP «qué derechos pretende defender» y manifestó que le llamó la atención la mención, como ejemplo, a la Comunidad de Madrid, «donde la Consejería de Sanidad ha dado instrucciones para excluir de la atención sanitaria a las mujeres embarazadas que no acrediten llevar más de 90 días en España».