La imagen de 500 autobuses estacionados en fila daba muestra de que el independentismo quería demostrar su capacidad de convocatoria también en Madrid. El contexto lo exigía, así como la necesidad de renovarse en términos de movilización.

Tras nueve años de manifestaciones masivas en Catalunya, existía la intuición de que el juicio contra los líderes independentistas catalanes daría paso a otro tipo de movilizaciones, distintas a las que habíamos visto. Y aunque la del sábado pareciese otra más que recorre la Via Laietana y Plaça Catalunya, se desarrolló entre Atocha y Cibeles, en aras de mantener el pulso político y mostrar músculo fuera de casa.

Dos horas antes del comienzo de la manifestación, asistentes de todas las edades portaban esteladas de todos los tamaños en el Paseo del Prado, vestían de amarillo y coreaban ‘L’estaca’ de Lluis Llach. En la Plaza de la Lealtad, el president de la Generalitat, Quim Torra, el del Parlament, Roger Torrent, y representantes como Gabriel Rufián o Carles Riera (CUP) remarcaban en sus declaraciones que se trataba de «una gran manifestación en solidaridad con los presos políticos y a favor del derecho a decidir».

Solidaridad que mostraron los representantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que se adentraban en la manifestación con banderas andaluzas entre aplausos, seguidos del bloque gallego, castellano y vasco que también gritaba «llibertat», dando color a una imagen en la que no estaba la formación morada de Pablo Iglesias, el mismo que hace poco acudía a Lledoners a pedirle a Junqueras que aprobara los presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Tampoco estaba el PNV, que, inmersos en la campaña electoral para el 28-A, apoyaba el lema, compartía que la autodeterminación no puede ser delito y le parecía todo una injusticia. Pero ni estaba ni tampoco se le esperaba.

En la tarima instalada en Cibeles, la periodista Patricia López anunciaba que 120.000 personas habían acudido a Madrid, 18.000 según la Delegación del Gobierno español –con los autobuses desplazados desde Catalunya se superaba esta cifra–.

El mismo Gobierno que el sábado tuvo que recurrir al subterfugio de la escasa participación para eludir el tema, ayer se acogía a la supuesta fortaleza de la democracia española, que «garantiza la libertad de manifestación con toda normalidad» mientras «juzga a los que se saltan las normas», como si lo primero acreditase un disparatado juicio cuestionado en Europa, en el que precisamente Jordi Cuixart y Jordi Sànchez están siendo acusados de convocar manifestaciones ante consejerías registradas por la Guardia Civil el 20 de setiembre de 2017.

Y como si dentro de esa normalidad cupiesen las retenciones en carretera, algún que otro ataque fascista sin graves consecuencias, autobuses con cristales rotos y ruedas pinchadas y la detención de Jordi Alemany, miembro del Secretariado Nacional de ANC que fue arrestado horas antes de la manifestación al ser investigado por una acción en el aniversario del 1-O y no comparecer la semana pasada ante el Juzgado de Girona. Ayer quedó libre sin cargos.

De vuelta al escenario, mientras se proyectaban imágenes de los presos políticos catalanes defendiéndose en el Tribunal Supremo, la multitud agrupada en Cibeles apelaba una y otra vez a la ansiada unidad de los partidos que, alienados con la movilización popular, lograron realizar el referéndum del 1-O y que hoy divagan en posicionamientos heterogéneos respecto a varias cuestiones estratégicas.

En esta estación intermedia, entre la búsqueda de un nuevo momento insurreccional o frenar para coger carrerilla, el sábado se vio que el juicio es un elemento cohesionador del soberanismo. Quizá el único.