La Fiscalía de Catalunya inició ayer el procedimiento para una posible inhabilitación del president de la Generalitat, Quim Torra, como cargo público por su demora en quitar de los edificios públicos los símbolos independentistas. Lo hizo después de que la Junta Electoral Central (JEC) le denunciara por un posible delito de desobediencia tras incumplir los plazos dados antes de retirarlos y de que la fiscal general del Estado, María José Segarra, ordenara a la Fiscalía querellarse contra Torra.

Pero el pulso político no cesa. Torra sustituyó a mediodía en la fachada del Palau de la Generalitat la pancarta con el lazo blanco cruzado por una franja roja por otra a favor la libertad de expresión con el lema «Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos».

No fue el único movimiento de Torra, pues anunció un recurso ante el Tribunal Supremo contra las decisiones de la JEC y una querella al mismo órgano por presunta prevaricación al considerar que sus resoluciones de la JEC son «manifiestamente injustas porque son arbitrarias». Aseguró que «no se detendrá en la defensa de la libertad de expresión, con todas las consecuencias que tenga que asumir» y acusó al Estado de vulnerar los derechos civiles de los catalanes. Llamó a la ciudadanía a «llenar balcones con esteladas y lazos amarillos».

Ayer, los Mossos d'Esquadra entraron en varios edificios públicos, entre ellos escuelas, para comprobar que no hubiera lazos amarillos, en cumplimiento de las instrucciones de la JEC.