GARA
LONDRES

El improbable segundo referéndum cosecha un gran apoyo ciudadano

Mientras Theresa May sigue buscando el imprescindible puñado de votos parlamentarios que necesita sumar a su causa para sacar adelante su acuerdo con Bruselas con el fin de garantizar una salida de la UE sin sobresaltos, cientos de miles de personas se manifestaron ayer en Londres para exigir que la ciudadanía vuelva a ser consultada sobre el Brexit. Pero esta no es una de las «cuatro claras opciones» que en estos momentos baraja la primera ministra.

Londres acogió ayer una gigantesca manifestación, en la que tomaron parte cientos de miles de personas, para reclamar que se convoque un nuevo referéndum sobre la salida de la UE. Esto sucede en un contexto de incertidumbre en el que las fechas «decisivas» bailan en el calendario sin ton ni son. Así, si bien puede afirmarse que el próximo 23 de junio se cumplirán tres años desde que el 51,9% de los 33,5 millones de votantes que acudieron aquel día a las urnas se inclinara a favor del Brexit, es difícil aventurar si ese aniversario se cumplirá con Gran Bretaña dentro o fuera de la UE, o en un limbo todavía sin diseñar.

La plataforma ciudadana “People's Vote”, organizadora de la marcha que discurrió bajo el lema «Put it to the people march» (Ponlo en manos de la gente) elevó hasta un millón la cifra de participantes. La manifestación arrancó pasadas las 12.00 del mediodía desde Park Lake, cerca del nº10 de Downing Street, y recorrió el centro de la ciudad durante casi dos horas para culminar frente al Parlamento británico, donde está previsto que los diputados se pronuncien por tercera vez sobre el acuerdo del Brexit que defiende la primera ministra, Theresa May.

Entre los representantes políticos que se vieron en la multitudinaria comitiva se hallaban el «número dos» del Partido Laborista, Tom Watson; la líder del SNP y ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon; el exviceprimer ministro tory Michael Heseltine; y el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan. También participaron miembros del nuevo Grupo Independiente del Parlamento, formado por diputados disidentes de los partidos Laborista y Conservador, como Chuka Umunna o Anna Soubry.

En paralelo a esta convocatoria, ya son casi 4,5 millones de personas las que han firmado una petición online al Gobierno en la que pide que revoque el Artículo 50 del Tratado de Lisboa y se cancele el Brexit.

El Parlamento británico tiene obligación de debatir cualquier petición presentada que recabe más de 100.000 firmas, mientras que el Gobierno debe responder a todas las que tengan más de 10.000 rúbricas.

«Cuatro opciones claras»

Pero ninguna de esas dos propuestas ciudadanas tienen visos de materializarse en las próximas semanas. En una carta dirigida directamente a los parlamentarios, la primera ministra recordó las «cuatro claras opciones» que restan tras la cumbre del Consejo Europeo del jueves.

Entre ellas, destacó la posibilidad de que la Cámara Baja no vote por tercera vez el pacto –que ya ha rechazado en dos ocasiones anteriores– o, si suma una tercera derrota, pedir una prórroga del «divorcio» antes del 12 de abril, lo que, advirtió, obligará a participar en las elecciones al Parlamento Europeo de finales de mayo.

Otra es la de revocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, aunque reiteró que esta «traicionaría» el resultado del referéndum del 23 de junio de 2016.

Las dos restantes son materializar el 12 de abril la ruptura con la UE a las bravas (no deal), sin haber sellado ningún tipo de acuerdo que garantice un periodo de transición, o, su predilecta, que los diputados aprueben a la tercera el acuerdo para romper con los Veintisiete el 22 de mayo de forma ordenada.

La mandataria conservadora envió la misiva tras conocerse que sus socios del Partido Democrático Unionista siguen sin respaldar el acuerdo consensuado con Bruselas. El líder del DUP en los Comunes, Nigel Dodds, dijo que May ha «perdido una oportunidad» de proponer cambios para ayudar a que pase el trámite parlamentario.

En todo caso, la decisión final para que esa votación tenga lugar le corresponde al presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, que ya alertó de que no lo permitirá si la «nueva» propuesta no incorpora algún cambio sustancial.