El Parlamento Europeo aprobó ayer el Reglamento sobre el Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP), que tiene como objetivo declarado «proporcionar más opciones a las personas que deseen ahorrar para su jubilación y, al mismo tiempo, impulsar el mercado de las pensiones individuales».

Como exponen las autoridades comunitarias, los PEPP serán ofertados principalmente por compañías de seguros, bancos, fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión y gestores de activos, y suponen «una nueva opción de ahorro a escala de la Unión que complementará los sistemas públicos, profesionales y nacionales de pensiones».

Entre las ventajas que les atribuyen, destacan que «los ahorradores podrán elegir entre una amplia gama de promotores en un entorno más competitivo, y podrán elegir entre una opción de inversión por defecto segura y opciones alternativas con diferentes perfiles de rentabilidad-riesgo». Prometen una mayor flexibilidad, protección y portabilidad, mientras que a las empresas se les ofrece acceso a economías de escala, un mayor acceso a clientes y una distribución más amplia de su producto.

En resumen, el reglamento pretende la creación de un mercado de pensiones europeo, bajo el argumento de garantizar la suficiencia de las retribuciones percibidas por los pensionistas.

Sin embargo, entidades como la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones ya han puesto de manifiesto que esta normativa supone una nueva amenaza para las pensiones públicas.

Ayer, la eurodiputada Ana Miranda, del BNG, partido que concurrió junto a EH Bildu a las elecciones de 2014 y repite coalición este año, criticó la norma europea porque beneficia a las rentas más altas y supondrá «una notable pérdida de ingresos públicos» que se podrían destinar a políticas sociales como la creación de empleo y las ayudas a las personas más desfavorecidas y a la dependencia.

Favorecer a los mercados

A este respecto, es clarificador el informe presentado por la revista jurídica de los derechos sociales “Lex Social” a finales del año pasado, poco después de que se aprobara el texto sometido ayer a votación. En un trabajo firmado por la profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València Mireia Llovera Vila, se señala que el objetivo fundamental del reglamento es «aumentar el grado de aceptación de las pensiones individuales en la UE» y «fomentar los planes de ahorro complementarios de jubilación», es decir, promover el sistema privado en detrimento del público. Este planteamiento, indica, va en la misma línea de lo apuntado hace ya unos años en la “Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles”, fechada en 2012, en la que se consideraba imprescindible favorecer los fondos de pensiones privados.

A juicio de Llovera, analizando el reglamento se puede colegir que «el objetivo de la suficiencia de los ingresos de los pensionistas se configura normativamente al servicio de una finalidad económica de carácter promocional del mercado interior de capitales», y que es una medida inadecuada para lograr la mejora de la suficiencia de los ingresos de los pensionistas.

La cuestión es si el objetivo declarado es el que realmente se persigue con esta medida, una pregunta para la que la profesora de la Universitat de València tiene respuesta, pues afirma en su trabajo que «la finalidad de la norma es la de atraer los ahorros de los pensionistas hacia los mercados financieros», un objetivo que se pretende alcanzar capitalizando las pensiones.

Lo cierto es que los promotores de la medida tampoco han hecho esfuerzos en ocultarlo, pues en su redacción las autoridades europeas exponen, por ejemplo, que «apartar una mayor parte de los ahorros de los ciudadanos europeos del dinero en efectivo y los depósitos bancarios, canalizándola hacia los productos de inversión a largo plazo, como los planes de pensiones voluntarios, tendría efectos beneficiosos tanto para los ciudadanos como para la economía en general», a lo que añaden que «uno de los objetivos principales de la unión de mercados de capitales (UMC) es incrementar la inversión y las opciones a disposición de los inversores minoristas a la hora de lograr un mayor aprovechamiento del ahorro europeo», y que, «a tal fin, un PEPP representará un avance para el refuerzo de la integración de los mercados de capitales debido a su apoyo a la financiación a largo plazo de la economía real».

Otra de las pegas que el informe de “Lex Social” pone al reglamento es que, a través del mismo, la UE «actúa fuera de las competencias que le atribuyen los Tratados» en esta materia, ya que Bruselas no tendría atribuciones para legislar sobre el diseño de los sistemas de pensiones de los Estados miembros. El PEPP, por contra, «pone en cuestión» ese derecho de los Estados «a organizar sus propios regímenes de pensión».

Además, se advierte de que «integrar la Seguridad Social complementaria en el ámbito del mercado interior de servicios tiene importantes efectos a futuro», ya que «no solo quedan limitadas las posibilidades de legislar en dicho ámbito, sino también en cualquier materia que directa o indirectamente pueda afectar los derechos» de las empresas que ofertan esos productos, «en virtud del principio de eliminación de barreras no regulatorias (BNA)». Hay que destacar que se ha llegado a considerar BNA la acción sindical.

Rechazo desde Euskal Herria

La iniciativa no ha tardado en cosechar críticas, también desde Euskal Herria, donde el martes el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia expresó su «rotundo rechazo» y «preocupación» por la norma. A juicio de los pensionistas, que llevan más de un año manifestándose por unas pensiones publicas dignas, el plan europeo «solo utiliza el nombre de pensiones como reclamo y como forma de obtener cuotas de ahorro a plazo fijo».

La plataforma rechaza que, «ante el deterioro buscado por las políticas públicas estatales y europeas del sistema público de pensiones», la única medida que tomen desde la UE sea «volver a poner en manos de especuladores los ahorros de gran parte de la ciudadanía europea». «Es inaceptable que, además, se pretenda que la gran mayoría de las personas que no tienen capacidad alguna de ahorro contribuyan a financiar, vía deducciones fiscales a los que sí la tienen, esos planes de pensiones», agregan en un comunicado en el que exigen que se retire «de inmediato» esa norma y que se haga «un plan efectivo para garantizar y desarrollar el sistema público de pensiones europeo que garantice para nuestra generación y las venideras unas pensiones públicas, dignas, justas y suficientes».

Demandan, asimismo, que se habilite un fondo de financiación para favorecer y dar viabilidad a los sistemas públicos de pensiones europeos, y que se «ponga fin al derroche de recursos públicos destinados a sostener bancos quebrados por la especulación y favorecer el incremento de los beneficios de la banca a costa de la ciudadanía y la inversión productiva».