El presidente tunecino, Beji Caid Essebsi, anunció la extensión por un mes más del estado de emergencia impuesto en el país en noviembre de 2015 tras el atentado yihadista que se cobró la vida de 12 guardias presidenciales en el centro de la capital.

La decisión fue adoptada tras una reunión de urgencia del Consejo Supremo convocada en el palacio presidencial de Cartago para examinar la delicada situación política de sus países vecinos, Libia y Argelia.

El estado de emergencia otorga poderes de excepción a las fuerzas del orden, entre ellos, la prohibición de huelgas y reuniones que puedan provocar «desórdenes» o la adopción de medidas para controlar la prensa.

Una decisión que inquieta a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos que temen una regresión de los derechos adquiridos desde la llamada «Revolución de los Jazmines» en 2011 que concluyó con la huida del dictador Zinedin el Abedin ben Ali.

El pasado mes de febrero la ONG Human Right Watch (HRW) denunció el proyecto de ley que otorga al Gobierno prerrogativas «exorbitantes» que le permiten restringir los derechos durante el periodo de estado de emergencia sin aprobación judicial previa.

Refuerzo en la frontera

Además, las autoridades tunecinas decidieron también ayer reforzar la seguridad en la frontera este en respuesta a la decisión del mariscal Jalifa Haftar, hombre fuerte de Libia, de iniciar una ofensiva militar para arrebatar el control de la capital, Trípoli, al gobierno impuesto por la ONU en esa ciudad. Trípoli se encuentra a escasos 300 kilómetros al este de Túnez.