El nuevo jefe de la junta militar de Sudán, el general Abdelfatah al-Burhan, tendió ayer la mano a la oposición, a la sociedad civil y a los manifestantes al ofrecer diálogo, levantar el toque de queda y anunciar una amnistía para los detenidos durante los cuatro meses de protestas, así como la cesión de poderes «previa consulta» a un Gobierno de transición civil, dos días después del derrocamiento del presidente, Omar al-Bashir, a manos del Ejército. La primera reunión estaba prevista ayer.

La designación el viernes por la noche de Al-Burhan, uno de los altos mandos del Ejército considerado más próximo a las demandas de la calle y que se inclinó hacia los manifestantes, después de que su antecesor, el ministro de Defensa, Awad bin Auf, renunciara 24 horas después de asumir el cargo, abrió la puerta al diálogo.

La principal coalición de grupos y partidos opositores, Fuerzas de la Libertad y el Cambio, formada en enero en el marco de las protestas, aceptó la invitación al diálogo con el fin de abordar «la transición a una autoridad civil que logre todas las demandas (...) de la revolución sudanesa», explicó en un comunicado. Para ello designó a diez representantes, entre ellos Mohamed Nayi al-Asam, portavoz de la Asociación de Profesionales Sudaneses, organización que ha impulsado las protestas.

No obstante, ayer continuaron las movilizaciones y seguía aumentando la presión sobre los militares, considerados «los nuevos golpistas del antiguo régimen» y que pretenden mantenerse dos años en el poder, para el traspaso rápido del poder a un Gobierno civil.

Dimite el jefe de Inteligencia

También ayer se conoció la dimisión, a última hora del viernes, de otra destacada figura del régimen, el jefe del poderoso servicio de Inteligencia y Seguridad, Salah Abdallah Qush, responsable de supervisar la represión de las protestas y los arrestos de activistas y líderes opositores, que pedían su cabeza, como pidieron la de Bin Auf.

El Partido del Congreso Nacional, de Omar al-Bashir, mostró su deseo de participar en el diálogo y pidió la liberación de los líderes y miembros de la formación detenidos desde el jueves. En su primera reacción, calificó el derrocamiento de Al-Bashir de «violación de la legitimidad constitucional».

Las Fuerzas de Apoyo Rápido del Ejército sugirieron una hoja de ruta con una etapa de transición de seis meses de duración y la convivencia entre un consejo militar y uno civil, propuesta que cayó en saco roto.

Su líder, el general Mohamed Hamdan Daqlo, juró el cargo como vicepresidente del Consejo Militar Transitorio, el nombre de cuyos diez miembros fue revelado también ayer.

Más y más penas de muerte en el Egipto de Al-Sissi

Los juicios masivos, las penas de muerte y las ejecuciones se han multiplicado en el Egipto de Abdelfatah al-Sissi, donde decenas de detenidos esperan en el corredor de la muerte a ser ahorcados. Desde el golpe de Estado en 2013 contra el presidente islamista Mohamed Morsi, la brutal represión ha afectado a todas la oposición, islamista o no.

En 2008 fueron ejecutadas al menos dos personas y al menos cinco, en 2009, según Amnistía Internacional (AI), cuyo informe de 2018 sitúa a Egipto en el sexto lugar en cuando a número de ejecuciones al año en aplicación de la pena de muerte, con al menos 43. Además, «las condenas a muerte se han disparado hasta las 717, la cifra más alta jamás registrada por AI en el país», señaló.

Organizaciones locales de derechos humanos cifran en 92 las personas ejecutadas en 2017 y 2018. En 2019, al menos 15, según un recuento de AFP.

Por su parte, la ONG Reprieve, con sede en Londres, estima que 2.159 personas fueron condenadas a muerte entre 2014 y 2018. A cientos de ellas, incluido Morsi, se les conmutó la pena capital por cárcel.

La ONU viene denunciando desde 2014 los juicios en masa en el país.

La sharia (ley islámica) es la base principal de la legislación de el país y la Constitución de 2014 legitima la aplicación de la pena de muerte.

La Relatora especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard, declaró a AFP que la utilización cada vez mayor de la pena de muerte en Egipto equivale a «ejecuciones arbitrarias» para reprimir la disidencia.

«Estamos asistiendo a un aumento de las penas de muerte, de decenas al año hasta 2011, a cientos al año después de 2013», asegura Sahar Aziz, profesor de Derecho en la Universidad Rutgers en Nueva Jersey.GARA