21/04/2019

Reportaje
 
UN RESQUICIO PARA LA ESPERANZA Y EL FIN DE LA IMPUNIDAD EN URUGUAY

«Por primera vez se rompe el pacto de silencio de los militares» sobre las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura en Uruguay. Lo dijo Tabaré Vázquez al cesar a la cúpula militar y de Defensa tras una confesión sobre la desaparición de Roberto Gomensoro. No tardó el Ejército en cerrar la puerta a la esperanza de poner fin a la impunidad.

Mirari ISASI
0421_mun_uruguay

Yo lo cargué al vehículo, yo manejé el vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote y lo tiré del bote. Yo solo», declaró el teniente coronel José Nino Gavazzo ante un Tribunal de Honor Militar, integrado, entre otros generales, por el comandante en jefe del Ejército, José Ariel González, que asumió el cargo dos semanas antes de ser destituido, el 1 de abril, por el presidente, Tabaré Vázquez.

Gavazzo se refería al tupamaro Roberto Tito Gomensoro, detenido el 12 de marzo de 1973, tres meses antes del golpe de Estado que el 27 de junio instauró la dictadura cívico-militar que se prolongó hasta 1985. Torturado hasta la muerte en el Batallón de Artillería 1 de Montevideo y desaparecido, su cuerpo irreconocible apareció seis días después flotando en el río Negro, en el lago del Rincón del Bonete. No pudo ser identificado hasta 29 años después, en 2002.

Era estudiante de Agronomía, delegado del Consejo Federal de la Federación de Estudiantes Universitarios y militante del Movimiento de Independientes 26 de Marzo. Está considerado el primer desaparecido del «terrorismo de Estado» y también de la dictadura, pero desapareció en democracia, bajo el Gobierno del Partido Colorado que estaba presidido por Juan María Bordaberry.

En su confesión, Gavazzo dijo que ordenó que no fuera interrogado y que lo dejó de madrugada esposado a una silla, donde fue encontrado muerto al día siguiente. Aseguró que se ordenó su desaparición para evitar el «posible desprestigio» del Ejército por la muerte de un detenido en el cuartel.

Pero el periodista cubano-uruguayo Leandro Grille señala que hace seis años, el militar retirado Enrique Debat declaró haber sido testigo de cómo Gavazzo había matado a Gomensoro, y que vio en el cuartel el cuerpo del joven colgando y a su lado al oficial con cables y un teléfono a manivela con el que lo había picaneado hasta la muerte. Y vinculó a otro militar con el traslado del cuerpo.

Ante la misma corte, el coronel retirado Jorge Pajarito Silveira declaró que Gavazzo era responsable de las muertes de Gomensoro y de Eduardo Pérez Silveira –en mayo de 1974– y de la desaparición de María Claudia García de Gelman. Afirmó que de no haber mediado la intervención de Gavazzo, a quien vinculó con la Triple A, «los desaparecidos políticos uruguayos hubieran sido 25 y no más de 100».

Para el Tribunal de Honor, sus declaraciones «no afectaron al honor del Ejército», pero sí el que hubieran ocultado la verdad y permitido que el excoronel Juan Carlos Gómez pasara tres años en prisión por este caso, que sigue impune, y los castigó pasándolos a reforma. Dio por buena la confesión de Gavazzo, pero no la trasladó a la Justicia ordinaria.

La publicación el 30 de marzo en “El Observador” de la declaración de Gavazzo, condenado por otros 28 homicidios cometidos durante la dictadura, precipitó los acontecimientos. Tabaré Vázquez cesó al comandante en jefe del Ejército, José Ariel González; al jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún, y solicitó la venia del Senado para promover el paso a retiro obligatorio de otros cuatro generales. Los seis integraban el Tribunal de Honor. Además, pidió las renuncias del ministro de Defensa, Jorge Menéndez, y del subsecretario, Daniel Montiel.

Pacto de silencio

Tras tomar esa decisión, Vázquez destacó que «por primera vez se rompe el pacto de silencio de los militares», un pacto del que participaron militares en activo, que encubrieron «una situación gravísima» en el Tribunal de Honor. «Ahora nadie puede decir que no hubo muertes en los cuarteles y que no desapareció gente», subrayó.

Con él coincide en parte la exjueza y presidenta del Consejo Ejecutivo de Derechos Humanos y Defensoría del pueblo, Mariana Mota, que en 2010 condenó al dictador Bordaberry, quien encabezó el golpe del 73 al disolver el Parlamento. A ella también le dijeron los militares que no sabían nada y tampoco contó con el apoyo del Ministerio de Defensa durante su larga experiencia investigando crímenes de la dictadura.

En una reciente entrevista, Mota señala que la declaración de Gavazzo «evidencia que saben y recuerdan todo, quién participó y el grado de participación (…) que tienen la información y existen archivos», lo que, asegura, «los mantiene en silencio» aunque ahora empiecen a acusarse unos a otros. Pero, además, constata que los militares hablan cuando quieren y dan la información que quieren. Sus actuaciones están muy medidas y saben sus consecuencias (…) Siguen teniendo la sartén por el mango».

El fiscal general, Jorge Díaz, cree que demuestra un «profundo desprecio por la democracia y la Justicia» y que nunca declararán ante la Justicia ordinaria lo que dicen ante un Tribunal de Honor militar.

Pero a esa supuesta grieta en el pacto de silencio de los militares, a ese resquicio a la esperanza de quienes confían en que esto sirva para acabar con la impunidad y lleve a los responsables de violaciones de derechos humanos a responder ante tribunales ordinarios, le siguió una nueva decepción.

Una semana después el general Claudio Feola asumía como nuevo comandante en jefe del Ejército y decía «no estar en condiciones» de afirmar si las denuncias de violaciones de derechos humanos en la dictadura son reales y que, por tanto, no iba a repudiarlas. Así lo había solicitado la asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que pidió que quien comande la institución condene el pasado golpista y asuma el compromiso de proporcionar a la Justicia la información que posean.

Lo que sí dijo Feola es que en su Ejército «no hay pacto de silencio» y que «no encubre a nadie, ni asesinos ni torturadores». «Sé que los familiares están muy dolidos, todos lo estaríamos si hay desaparecidos», cuestionó el general, quien tuvo que matizar después sus palabras y decir que no pretendió «desconocer la existencia de desaparecidos». Pero lo dejó bastante claro.

Según datos oficiales, 178 uruguayos, entre ellos tres menores, desaparecieron en el marco de la operación conjunta de las dictaduras del Cono Sur americano conocida como Plan Cóndor. En territorio de Uruguay, en el periodo predictarorial y en la dictadura, se registró la desaparición forzada de 28 uruguayos y 8 argentinos. Un menor desaparecido en Uruguay y otros 13 en Argentina fueron restituidos.

Igual que en la dictadura

Ante los ataques por homologar la resolución del Tribunal de Honor que absolvía a Gavazzo de lesionar el honor de las Fuerzas Armadas, Tabaré Vázquez tuvo que explicar que sólo había homologado su paso a reforma. Para muchos uruguayos, centrar el debate en si el presidente leyó o no el expediente completo y no en la confesión del oficial refleja el nivel de impunidad respecto a los crímenes de la dictadura. Y también la necesidad de un cambio en la formación de los militares.

En esta idea incide la exjueza Mota, que pone el acento en los militares que no actuaron durante la dictadura, pero callan, y considera «muy grave» que desde el restablecimiento de la democracia no haya cambiado la formación que reciben. «Es alarmante. Si se entiende que se lesiona el honor porque no se salva a un compañero y no se lesiona el honor por haber cometido esos crímenes entonces –subraya– se está pensando igual que entonces. No ha cambiado nada en su forma de pensar ni en su forma de considere el ros de las uarzas Armadas en un estado democrátrico».

Por eso, asegura que Vázquez envió una señal «muy clara, muy saludable y democrática». «En otras épocas, cuando los militares ponían en duda una actuación civil no pasaba esto y el ejemplo más triste que vivimos fue la Ley de Caducidad. No olvidemos que fueron los militares los que dijeron ‘no vamos a declarar’ y se armó toda una estrategia. Tuvimos la Ley de Caducidad y la sufrimos muchos años producto de que el poder civil no indicó claramente quién gobernaba y bajo el mando de quién estaban las Fuerzas Armadas», sostiene.

Mota apunta que es tarea de Defensa abrir los archivos del Ejército, aunque recuerda su experiencia en 2013 con el entonces titular de la cartera, el exguerrillero tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, «con quien el diálogo era absolutamente imposible» y quien «no colaboró nada con la Justicia».

Relata cómo recientemente un miembro de su equipo afirmnó que ellos sabían lo que había pasado con Gomensoro, lo que confirma unas declaraciones Huidobro de 2013 «cuando señaló que quien estaba preso por el asesinato de Gomensoro no era el responsable del crimen. Defensa lo sabía. Si afirma categóricamente que no fue Gómez es porque sabe quién fue». Mota le pidió que aportara la información que tuviera, pero no lo hizo.

En 2011, Huidobro renunció a su acta de senador tras verse obligado a votar junto a su partido, el Frente Amplio, la invalidación de la Ley de Caducidad de 1986 –cuya derogación se rechazó en referéndum en 1989 y 2009– al reconocer la imprescriptibilidad de las violaciones de derechos humanos por ser delitos de lesa humanidad, lo que abrió las puertas a los juicios contra policías y militares protegidos por una amnistía. Sin embargo, la Corte Suprema declaró inconstitucional la imprescriptibilidad en 2017, paralizó las causas y garantizó la impunidad de los genocidas y del aparato represivo.

Casi 35 años después del fin de la dictadura, decenas de causas siguen paralizadas, se han fallado una treintena de condenas y no llegan a una decena quienes cumplen prisión con privilegios en cárceles VIP, que como denuncia Óscar Urtasun, de la asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, «no las inventaron los militares, sino los políticos de seudoizquieda o de derecha».

Al referirse a las responsabilidades en el caso de Gomensoro, Leandro Grille cita al diario local “El País”, que tres días después de su ejecución, el 16 de marzo de 1973, publicó un comunicado de las Fuerzas Conjuntas que señalaba que un «sedicioso tupamaro» se había fugado en la calle, evidenciando que «toda la estructura de mando militar y civil participaron en el encubrimiento del crimen».

Urtasun coincide en que si los militares hubieran actuado solos «no hubiera sucedido lo que sucedió» y llama a perder «el miedo histórico a las Fuerzas Armadas y unirse a las que quieren la verdad».

Mota se suma a quienes reclaman la reapertura de estas causas. «Falta saber la verdad. Es necesario para las víctimas y para la sociedad conocer de qué manera se desarrolló el terrorismo de Estado, porque se pone el foco en los militares pero también hubo un poder civil que apoyó y se benefició de esas actuaciones».