Isidro ESNAOLA
LA POLÍTICA TRIBUTARIA, A EXAMEN

Una legislatura sin el debate fiscal cada vez más necesario

La legislatura que termina no ha tenido grandes debates fiscales. Sin embargo, el 155 en Catalunya, la draconiana regla de gasto y los recortes sociales hacen que la política tributaria cobre una importancia creciente. A pesar de ello, continúa bastante al margen de las campañas electorales.

Una agencia gubernamental independiente, Bureau for Economic Policy Analysis –fundada en 1945 por el que más tarde sería el primer premio Nobel de Economía, el economista Jan Tinbergen–, analiza los programas electorales de los partidos políticos holandeses. Con las conclusiones de su estudio publica un informe que recoge el impacto económico, fiscal y redistributivo de las medidas que proponen. Instituciones públicas de Australia, Canadá y Letonia también hacen trabajos similares. Por aquí, sin embargo, las cosas son algo diferentes. De momento, por ejemplo, buena parte de los partidos que concurren a las elecciones forales no han colgado en la red sus programas electorales.

Ese desdén general hacia los programas –excepto cuando se cumplen, porque entonces los responsables corren el riesgo de terminar ante el Tribunal de Cuentas– se une el hecho de que las campañas electorales se han convertido en una especie de carta a Olentzero. La mayoría de las propuestas informan de en qué se gastarán los recursos públicos, pero pocas intentan siquiera esbozar de dónde saldrá el dinero necesario. Esta campaña tampoco será muy distinta. No obstante, se están produciendo algunos cambios que conviene tener en cuenta y que harán crecer la importancia de los programas fiscales.

En primer lugar, la derecha ha tomado las cuestiones fiscales como ariete para marcar perfil ideológico. Sus propuestas van dirigidas básicamente a rebajar los impuestos, ya sea suprimiéndolos o aumentando las deducciones o exenciones. Una muestra práctica de cómo funcionan estas rebajas de impuestos se puede leer en el despiece de la siguiente página. Suelen beneficiar en mayor medida a los que tienen grandes rentas mientras que los salarios más bajos suelen quedan fuera de su alcance, simplemente porque los ingresos ni tan siquiera llegan al mínimo para pagar impuestos.

A pesar de ello, exenciones y deducciones parecen ser la llave que todo lo soluciona y el debate fiscal suele girar en torno a estas cuestiones, cuando no son más que populismo fiscal de derechas. Lo han percibido muchas mujeres que se quedaron con la miel en los labios cuando hicieron números a cuenta de la devolución de lo ingresado por las ayudas por maternidad, a consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo que las declaraba exentas.

En segundo lugar, el Concierto y el Convenio han quedado en entredicho. Esa sentencia del Tribunal Supremo evidenció la renuncia del PNV a defender la «autonomía» del sistema foral. Conocedor del escaso margen que ofrecen el Concierto y el Convenio para desarrollar un sistema fiscal propio, el PNV siempre ha mimado los aspectos formales del asunto, que son los que permiten mantener esa apariencia de organización tributaria propia. Sin embargo, en el caso de la sentencia del Supremo, las normas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, iguales en contenido pero que no habían sido recurridas, abría la posibilidad a intentar otro tipo de actuación. Algo que, por otra parte, sí hizo el Gobierno de Nafarroa, que además ha modificado la norma dotando de cierta progresividad a esa retrógrada exención dictada por el Supremo.

En esa renuncia del PNV tal vez haya pesado el hecho de que repartir dinero en vísperas de elecciones siempre ayuda a motivar a los votantes dudosos. O tal vez la impresión de que, tras la aplicación del 155 en Catalunya, no tenga tanta importancia seguir fingiendo que disponemos de un sistema fiscal; cualquier día, otra aplicación del 155 mostrará la verdadera naturaleza de las relaciones tributarias y financieras que mantenemos con el Estado español.

Otra cuestión que ha marcado todavía más la legislatura ha sido el ajuste del gasto público. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con su ya famosa regla de gasto, además de obligar a amortizar deuda pública ha restringido la capacidad de gasto e inversión de todas las administraciones públicas. Si en la pasada legislatura la crisis no dejaba un gran margen para gasto e inversión, en esta han quedado en evidencia los devastadores efectos de la ley.

La falta de medios devalúa la calidad de los servicios públicos, así como las condiciones laborales de los empleados públicos. Y la falta de inversiones descapitaliza el sector público, abonando el terreno a la iniciativa privada. Las constantes movilizaciones de empleados públicos y de personal subcontratado por la Administración dan cuenta de ese deterioro.

En estas condiciones, solamente aquellos programas que apuesten por una reforma fiscal que aspire a aumentar la recaudación, incidiendo especialmente en la progresividad del sistema tributario –que los ricos en proporción aporten más–, estarán contribuyendo a una solución real a la descapitalización del sector público.

El Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas que se aprobó en Gipuzkoa la pasada legislatura sí iba en esa dirección. El Gobierno de PNV-PSE primero lo desfiguró dejando exentas las participaciones empresariales, para terminar de rematarlo el último año de legislatura con el reestablecimiento del escudo fiscal. Así, una caída de la recaudación solo se conocerá después de las elecciones.

El Gobierno de Nafarroa ha sido el único que ha modificado el Impuesto sobre el Patrimonio en esa dirección. Grava las participaciones empresariales y aunque mantiene el escudo fiscal, ha rebajado de manera considerable su influencia.

La creciente concentración de la riqueza denunciada por todo tipo de organismos y ONG advierte que nos encontramos ante un proceso insostenible. Son precisamente estos impuestos sobre la riqueza los que tienen capacidad de contrarrestar esa tendencia general al tiempo que aportan recursos a lo público.

¿En quién están pensando cuando hablan de bajar los impuestos?

Cada vez que llega una campaña electoral, una de las promesas más repetidas suele ser la de bajar los impuestos. Pero, ¿en quién están pensado?

El gráfico de arriba ayuda a situar la cuestión. Está elaborado con los datos de Gipuzkoa, pero la proporción de personas por tramos de rentas es muy similar en todos los herrialdes. En él se observa que en los dos primeros tramos, hasta 20.400 euros de renta anual, se encuentra nada menos que la mitad de los declarantes. Por el otro extremo, los ricos están mucho más dispersos, siendo los que superan los 100.000 euros aproximadamente el 1% de la población.

En esta pirámide, la bajada de impuestos suele tener un efecto muy similar al que tuvo la exención de las prestaciones por maternidad decretada por el Tribunal Supremo. Excepto en Nafarroa, en el resto de herrialdes resolvieron devolverla inmediatamente, pero la alegría de muchas familias que habían tenido hijos o hijas desapareció en cuanto hicieron cuentas. A las trabajadoras que ganaron menos de 12.000 euros (o 16.000 en el caso de familias monoparentales) no les correspondía cobrar nada (las de los dos primeros tramos para entendernos), mientras que aquellas mujeres con sueldos más altos (las de la derecha en el gráfico) podía llegar a cobrar hasta 5.000 por la devolución. De modo que cuando hablan de bajar impuestos están pensando en beneficiar, sobre todo, a los más privilegiados.I.E.