El traslado del preso navarro llega cuatro días después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, de visita en Biarritz, elogiara los avances reportados por el espacio de diálogo abierto, a finales de 2018, entre la delegación que encabeza el presidente de la Mancomunidad Vasca, Jean-René Etchegaray, y el Ministerio de Justicia.

Macron remarcaba así «el fino trabajo, casi técnico» desarrollado por el ministerio de Nicole Belloubet, insistía en el método de trabajo, paso a paso y en el marco de la ley, y añadía que, por esa vía, habría avances.

El acercamiento de Karrera da carta de naturaleza a esa declaración, pero también revela que se han superado ciertos obstáculos hace poco insalvables.

De hecho, en entrevista con el semanario Mediabask, en diciembre pasado, la persona de referencia para la delegación de Iparralde en el Ministerio de Justicia, Hélène Davo, expresaba reservas a la hora de incluir en la agenda de traslados a «personas emblemáticas» del colectivo de presos vascos y citaba motu proprio los nombres de Mikel Karrera y de Garikoitz Aspiazu.

Detenido en 2010 en Baiona, Karrera cumple dos condenas de cadena perpetua en el Estado francés. La primera sentencia fue pronunciada el 25 de abril de 2013 por la muerte de dos guardias civiles en diciembre de 2007 en la localidad landesa de Capbreton y la segunda, en diciembre de 2015, por la muerte, el 16 de marzo de 2010, del policía francés Jean-Serge Nérin.

En el juicio en apelación contra cuatro de los seis condenados por la última muerte causada por ETA, celebrado en 2017, la presa Izaskun Lesaka leyó un comunicado en el que se hacía mención al «daño político y humano» derivado de esa acción en la que «sin que fuera esa la voluntad de ETA» murió el brigadier-jefe Jean-Serge Nérin.

Mientras cumplía ya condena en Francia, la Audiencia Nacional reclamó su entrega temporal en 2016 para ser juzgado en el Estado español. El juez Fernando Andreu procesó a Karrera, señalado como responsable del aparato militar de ETA, por su presunta participación en el atentado de la casa cuartel de la Guardia Civil de Burgos de julio de 2009. Aunque el fiscal solicitó 3.960 años a Karrera, por considerar que fue quien ordenó el atentado, finalmente fue absuelto por falta de pruebas.

Tras esa entrega temporal, el iruindarra volvió a ser recluido en el Estado francés.

Nueva dinámica

El traslado de Karrera abre de nuevo la perspectiva de avanzar hacia el final del alejamiento de los presos vascos en cárceles francesas. Según los datos facilitados la pasada semana por Bake Bidea, de la cuarentena de integrantes del colectivo de presos vascos en cárceles galas 17 siguen alejados de Euskal Herria.

Tras anunciar el deshielo del diálogo con París –que entró en un impasse a finales de año pero que se reactivó tras la multitudinaria manifestación, “Orain Presoak” del 12 de enero, que reunió a más de 9.000 personas – la delegación fijó los objetivos pendientes: completar el acercamiento de los hombres (debían ser 7 tras el acercamiento de Karrera Sarobe, pero el encarcelamiento de Josu Urrutikoetxea mantiene la cifra de 8 presos alejados), y dar una solución a la situación de las mujeres (sin planes de acercamiento en el corto plazo, la opción sería el reagrupamiento de las militantes que así lo soliciten en la prisión de Rennes, en Bretaña).

Al tiempo, la delegación planteaba eliminar el estatus de vigilancia especial (DPS) que aún pesa sobre doce prisioneros vascos y, de forma especialmente urgente, alertaba sobre la «situación insoportable» de los tres presos labortanos –Jakes Esnal, Ion Kepa Parot y Xistor Haranburu– que avanzan hacia los 30 años de encarcelamiento.

El próximo 5 de julio se conocerá la decisión sobre la segunda demanda de condicional presentada por Haranburu. Tanto la situación de presos con largas condenas como, en general, la demanda de que se aplique el derecho ordinario a los presos vascos, volverán a plasmarse nuevamente en la calle con la cadena humana convocada por Bake Bidea y Artesanos de la Paz para el 8 de junio en Biarritz.