Los militares de Sudán aislaron Jartum, bloqueando las principales avenidas y los puentes que conectan la capital con las ciudades vecinas, después de desmantelar por la fuerza la sentada que la oposición mantenía desde hace dos meses frente al cuartel general del Ejército, causando al menos 30 muertos y 116 heridos. Sus barrios estaban incomunicados por las barricadas colocadas por soldados.

Las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, la plataforma que aglutina a la oposición, indicó que entre las 5.00 y las 6.00, hora local, las fuerzas del Consejo Militar de Transición, que gobierna desde que derrocó a Omar al-Bashir el 11 de abril, rodearon la sentada tras cortar las principales calles y dispararon a los manifestantes para dispersarlos.

La Asociación de Profesionales de Sudán (SPA), que lidera las protestas, anunció la ruptura de las negociaciones con la junta militar al tiempo que llamó a la «desobediencia civil total» para derribar al Consejo. Y volvió a exigir la transferencia inmediata del poder a una autoridad civil, tras instar a las fuerzas militares y policiales a proteger a la población de las milicias del «consejo golpista», entre las que citó a los janjaweed, implicados en atrocidades en Darfur.

El Consejo Militar negó cualquier responsabilidad y dijo haber actuado contra «criminales» presentes en la sentada. La SPA llevaba días alertando de la presencia de «quintacolumnistas» entre los manifestantes para «reventar» la protesta y el domingo reclamó a la junta militar, que había señalado que la protesta se había convertido en una amenaza para el país, que renunciara a «inventarse el caos y la inseguridad».

El secretario general de la ONU, António Guterres, y la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenaron el uso excesivo de la fuerza y de munición real contra los manifestantes y pidieron una investigación independiente. En similares términos se expresó el presidente de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, que pidió a la junta militar que proteja a los civiles.

Los manifestantes llevaban acampados a las puertas de la sede del Ejército desde principios de abril, primero para pedir la dimisión de Al-Bashir y, tras su derrocamiento, para exigir a los generales que entreguen el poder a un Gobierno civil.