B.Z.
madrid

«Algo no es a la vez delito y derecho fundamental»

Aunque una vez tomaron la palabra los acusados todo pasó a un segundo plano, la última sesión del juicio contra el independentismo catalán incluyó, por la mañana, los últimos informes de las defensas. La primera fue la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, que apuntó en una dirección diferente a la del resto de las defensas, centradas sobre todo en rebatir técnicamente las acusaciones.

Roig también lo hizo, pero propuso un cambio de rasante en la defensa, tratando de pasar a cierta ofensiva y denunciando la vulneración de derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protesta. Para ello, recurrió una y otra vez a la legalidad internacional, al informe de un organismo de la ONU a favor de los presos catalanes y a la sentencia del tribunal alemán que desestimó la extradición de Carles Puigdemont. Fue la primera en hacerlo en el Tribunal Supremo.

Roig planteó una enmienda a la totalidad al marco en el que se ha desarrollado el juicio y reivindicó que «no hay Constitución sin democracia, y no hay democracia sin participación ni movilización política; y no hay participación sin las condiciones materiales que la protejan». También recordó que «la unidad de España no puede provocar el sacrificio de los derechos fundamentales».

La abogada de Òmnium también reiteró que todos deberían estar orgullosos del 1-O, denunció el «uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza policial» en aquella jornada y, a modo de resumen, planteó la elección que tiene delante el Tribunal Supremo: «Algo no puede ser al mismo tiempo delito y ejercicio de un derecho fundamental».

Derecho penal de autor

Aunque el resto de defensas se situó a la defensiva, destacó el informe final de Olga Arderiu, abogada de Forcadell, que denunció que a su clienta se le «juzga no por lo que ha hecho, sino por quién es». Es decir, que se le está aplicando un derecho penal de autor.

Como ejemplo recordó que, pese a que la Mesa del Parlament es un órgano colegiado en el que Forcadell no utilizó nunca su voto de calidad, ella está acusada de rebelión en el TS, mientras que el resto de integrantes de la Mesa está siendo procesada en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por un delito de desobediencia que no implica penas de prisión.

También recordó que, tras más de 20 resoluciones sobre la autodeterminación en 40 años de Parlament, ha sido cuando ha habido una mayoría absoluta dispuesta a ejercerlo «cuando empieza la criminalización del debate parlamentario».