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El Defensor del Pueblo respalda que el Aita Mari pueda rescatar náufragos

En un escrito del pasado 21 de mayo, el Defensor del Pueblo del Estado español, Francisco Fernández Marugán, atendió la queja del barco Aita Mari, al que se impide realizar tareas de rescate en el Mediterráneo.

El buque vasco, al igual que el Open Arms, se encuentra impedido en sus tareas de rescate por una decisión del Gobierno español, que entiende que ambos barcos no cumplen la normativa al no garantizar el desembarco de las personas rescatadas en puertos cercanos, lo que a falta de autorizaciones desembocaría en la llegada de esos migrantes al Estado español.

Ante esta situación, el Aita Mari apeló a Fernández Marugán en busca de amparo. Este estimó fundada la queja, ya que «no puede recaer en las personas que salvan y en las salvadas los efectos de las demoras por la inexistencias de acuerdos ni la falta de suficiente coordinación entre poderes públicos». Los responsables del Aita Mari entienden que, con este dictamen, la Dirección General de la Marina Mercante «debería cambiar las restricciones y condiciones impuestas al barco», con el fin de poner proa a la zona de rescate «a la mayor brevedad».

Lamentan que en estos casi seis meses «543 personas se han ahogado en el Mediterráneo, que se tenga constancia. Muchos más han sido devueltos a Libia, un país en guerra».