Etxerat valoró los pasos que se han producido en relación a la vía jurídica emprendida por las presas y presos políticos vascos encarcelados en el Estado español desde otoño de 2017 hasta hoy. Los abogados Onintza Ostolaza e Iñaki Zugadi apuntaron, en primer lugar, que 53 presas han salido libres, la gran mayoría tras cumplir íntegramente su condena. Por lo tanto, a día de hoy hay 213 presos políticos vascos en cárceles españolas.

De ellos 142 han dado comienzo al recorrido jurídico nuevo en este año y medio, es decir, dos tercios del conjunto han empezado a recurrir el grado y han solicitado o desarrollan destino de trabajo u otro tipo de actividades, todo ello dirigido a lograr la libertad.

El tercio restante no ha comenzado este camino por variadas razones, pero Ostolaza y Zugadi destacaron que hay que tener en cuenta que la mitad del conjunto de presas y presos políticos vascos se encuentra en prisiones muy alejadas (a distancias de entre 600 y 1.100 kilómetros de sus casas) y en condiciones muy duras.

Añadieron que las Juntas de Tratamiento y Direcciones de Prisiones mantienen actitudes ofensivas contra ellos, minimizando los pasos que puedan dar. Todo ello dificulta la relación de la presa con la abogada. «En definitiva, la excepcionalidad que se aplica a estos presos sigue en vigor y aplicándose».

Seriedad de la apuesta

En el lado positivo del balance, los abogados remarcaron que, por encima de las trabas, dos tercios de los presos y presas han entrado en esta dinámica, lo que prueba la seriedad de su apuesta.

Aplaudieron la actitud de las presas, pero no dijeron lo mismo sobre el Gobierno del PSOE. Aunque este prometió una nueva política penitenciaria, «los pasitos dados son pocos y muy escasos». Como botón de muestra, algunos datos: la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) ha progresado de grado y acercado a 25 presas y presos; ha progresado de grado, sin acercamiento, a 8 presos; ha acercado, sin progresar de grado, a otros dos; y solamente ha posibilitado que una persona gravemente enferma esté presa en su domicilio.

Se ha dado la paradoja de que dos presos han sido progresados de grado y acercados, pero, a la vez, separados de sus parejas. O que la Administración Penitenciaria ha tomado como acercamiento un traslado de la prisión Puerto I a Puerto II, que están una junto a la otra. Tres de los presos acercados tenían su condena prácticamente cumplida, faltándole a alguno de ellos semanas.

Deniegan permisos ordinarios

Las abogadas indicaron que únicamente 43 presos están clasificados en el segundo grado o régimen ordinario. De ellos algunos han sido acercados, aunque ninguno a una cárcel de Euskal Herria, y otros continúan en Puerto, Almería, Valencia o Galicia. La ley ordinaria dice que al estar en segundo grado se puede optar a permisos ordinarios de salida y posteriormente al tercer grado y la libertad condicional. La mayoría ha solicitado estos permisos, pero solo se le ha aceptado a uno.

«A pesar de reunir las condiciones (tener una cuarta parte de la condena cumplida y estar en segundo grado) se deniegan permisos sistemáticamente y empleando argumentos que no son jurídicos, sino ideológicos y políticos», censuraron.

Los abogados hicieron hincapié en la importancia de estos permisos, ya que a pesar de que en la ley no esté recogido así, antes del tercer grado se suelen conceder permisos de salida. «Nos han dicho que sin esos permisos de salida no se puede acceder al tercer grado».

Ostolaza y Zugadi destacaron que 170 presos siguen en primer grado, en un régimen de excepción, cerrado, empleado para quienes presenten una peligrosidad extrema o no se adapten a la vida en prisión, aunque no sea el caso. Pusieron como ejemplo a un preso que lleva 20 años con las condiciones del primer grado pero conviviendo con los presos de segundo grado. «Se dice que son peligrosos por los delitos cometidos en los años 80 en la calle. Eso no se puede cambiar. Lo que se debería tomar en cuenta es la evolución», explicaron.

 

Bide juridikoa egiteko oztoporik ez jartzeko eskatu dio Etxeratek Gobernu espainolari

Etxerateko senideen izenean Urtzi Errazkinek eta Patricia Velezek hartu zuten hitza, duela kasik bi urte presoek bide juridikoei ekitea erabaki zutenetik gaur arte ibilbide horrek eman dituen emaitzak baloratzeko. 2017ko uztaileko EPPKren eztabaidaren ondorioen agirian biltzen denez, preso bakoitzak aukeratuko du bide ezberdinak hartzea edo ez; hala nola, erredentzioak, espetxea, gradu aldaketak, baimenak edo baldintzapeko askatasuna.

Erabaki horri jarraituz, abokatuekin batera presoak ekimen juridikoak proposatzen ari dira espetxeko egonaldia arintzeko eta, dagokien kasuetan, askatasuna lortzea errazteko. Baina Etxerateko senideek agertu zutenez, lehen graduan mantentzen dituzte, orokorrean hagitz urrun, eta legezko bidean aitzinera egitea eragozten diete. «Banakako tratamendurako eskubidea urratzen diete, eta espetxe-onurak edukitzea ukatu».

Oroitu dutenez, Estatu espainoleko espetxeetan dauden hiru presotik bat (213 presoetatik 73) Euskal Herritik urrunen dauden espetxeetan daude, Andaluzian alegia. «Urruti dauden beste espetxe batzuk kontuan hartuz gero (Murtzia, Alacant edo Galizia) bi presotik batek bide juridikoa jarraitzea ukatua du».

Horren aurrean, presoei bide juridikoa egiteko trabarik ez jartzeko eskatu die Etxeratek espetxe administrazioari eta gutxi barru osatzekoa den Gobernu espainolari. «Egoera honek bide horri segitzea erabaki duten gure senide presoei eragiteaz gain, guri zigor gehigarri bat suposatzen digu, eurekin egotea oztopatzen digulako», eman zuten aditzera.M. I.