El caso que llegó ayer a los juzgados de Donostia es el de la demanda de daños contra CAF presentada por CCOO y familiares de Francisco Javier Pérez, delegado metalúrgico de este sindicato, que falleció en noviembre de 2018 a consecuencia de un mesotelioma pleural maligno. Como indicó Asviamie, contrajo esa enfermedad al trabajar en CAF en contacto con el amianto de los trenes, sin protección alguna, siendo empleado de la subcontrata de José Manuel Armesto, lo que sucedió en 1971.

CCOO y la Asociación Vasca de Víctimas del Amianto desplegaron sendas pancartas ante la sede judicial para reclamar medidas que pongan fin a esta situación y, en este caso concreto, se reconozca el origen profesional de la enfermedad.

Asviamie indicó que empleados de CAF y las subcontratas realizaron «trabajos sin protección alguna mientras directivos de CAF conocedores del riesgo incumplían las más elementales normas preventivas».

Por ello, se dirigió a la junta de accionistas de CAF, que celebra hoy su reunión anual, para señalar que «no deben continuar en silencio ante tantas muertes; es hora de pedir perdón por el daño causado e implicarse en la urgente creación del fondo de compensación a las víctimas del amianto para minimizar el sufrimiento».

Responsabilidad empresarial

Por otro lado, ELA dio cuenta de que la Dirección de la Seguridad Social en Nafarroa ha reconocido la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad en el proceso de enfermedad profesional sufrido por un extrabajador de Fagor Ederlan, declarando en consecuencia que las prestaciones derivadas de dicha enfermedad sean incrementadas en un 50%, con cargo exclusivo a la empresa y durante el tiempo en que permanezcan vigentes.

El sindicato informó de que el afectado trabajó durante 35 años en la factoría de Tafalla, ocupando el puesto de perito químico y estando expuesto a amianto entre 1977 y 1992. También instó a Fagor Ederlan «a desistir en prolongar innecesariamente la vía judicial».