Iñaki IRIONDO
GASTEIZ

Este jueves se aplazará el Nuevo Estatus a una próxima legislatura

Otra vez la legislatura se acabará sin que se cierre un proyecto de Nuevo Estatus. El jueves la Ponencia de Autogobierno aceptará la petición del grupo de expertos de una prórroga de cinco meses que extenderá sus trabajos hasta noviembre. Aunque hubiera un acuerdo –lo que es difícil–, no quedaría tiempo para su tramitación como ley.

El jueves a las 9.15 de la mañana, en una reunión necesariamente breve porque a las 9.30 está convocado un pleno ordinario, la Ponencia de Autogobierno del Parlamento de Gasteiz aceptará la petición de prorrogar sus trabajos hasta noviembre realizada por la comisión de expertos que tiene encargado redactar el articulado de un Nuevo Estatus.

Aun en el improbable caso de que hubiera un acuerdo de los expertos, en esa fecha ya no habría tiempo para que los grupos que lo apoyaran lo transformaran en proposición de ley, lo llevaran a un pleno para aceptar su toma en consideración y se abriera el plazo de presentación de enmiendas al texto articulado con la posibilidad de algunos partidos puedan pedir ampliación de los plazos iniciales. Luego habría que constituir una ponencia y comenzar el debate de las enmiendas. Si se pudiera lograr un texto de consenso, debería aprobarse en comisión y, más tarde, debatirse y votarse nuevamente en pleno.

Si se sigue el cauce legal, el Estatuto aprobado se remitiría al Congreso de los Diputados. Pero el acuerdo de bases aprobado contempla la celebración de una consulta no vinculante a la ciudadanía después de que el Parlamento apruebe una reforma estatutaria y antes de su envío a Madrid.

Aunque no haya adelanto

A estas alturas de la legislatura sobrevuela la idea de que si Iñigo Urkullu no se asegura la aprobación de los presupuestos de 2020 podría adelantar las elecciones para este invierno. En ese caso los expertos ni siquiera tendrían tiempo para presentar su texto articulado.

Aunque haya presupuesto, y quizá también si no lo hubiera, las elecciones autonómicas podrían convocarse para primavera de 2020. Teniendo en cuenta que el Parlamento se disuelve 54 días antes, tampoco sería posible aprobar un Nuevo Estatus.

Aun en el caso de que Urkullu decidiera agotar totalmente la legislatura y las elecciones se convocaran en la segunda quincena de setiembre de 2020, el trabajo del Parlamento se podría extender como mucho hasta julio. Teniendo en cuenta que enero es inhábil, aunque no hubiera adelanto electoral, no podrían cumplirse todos los trámites a tiempo.

En este momento hay 16 proposiciones de ley a debate en el Parlamento y algunas llevan en trámite desde 2016.

Ni dos capítulos en ocho meses

La comisión de expertos celebró su primera reunión el 26 de octubre de 2018. Tenía el plazo orientativo de terminar su trabajo en ocho meses, es decir, este mes de junio. En este tiempo, han avanzado en el capítulo de derechos sociales y en el de relaciones con Europa, y ninguno de los dos está cerrado.

Los expertos, elegidos cada uno por un grupo, no han entrado todavía a abordar ninguno de los puntos nucleares del acuerdo de bases, los relacionados con las competencias, el ejercicio del derecho a decidir o sobre la territorialidad.

El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, apuntó ayer que el trabajo de la comisión «va bien», lo que no se corresponde con lo que ha trascendido.

 

De nuevo otro capítulo más de esta historia interminable

La Comunidad Autónoma del País Vasco es la única que no ha reformado su Estatuto de Autonomía original. Y cada vez que ha emprendido el camino, por una u otra causa ha quedado aplazada, anunciándose siempre para «la próxima legislatura».

El primer intento arrancó en 2001 con Juan José Ibarretxe y acabó en 2005 con el rechazado del Congreso de los diputados y la disolución del Parlamento de Gasteiz y la convocatoria de elecciones por parte del lehendakari. Los debates comenzaron con un pleno monográfico el 25 de octubre de 2001, en enero de 2002 empezaron los trabajos de la comisión especial y en julio se aprobó un dictamen de tres puntos. Hasta el 25 de octubre de 2003 el gobierno no redactó el texto del nuevo estatuto que el Parlamento aprobó el 30 de diciembre de 2004 gracias a los 3 síes y 3 noes de Euskal Herritarrok. En febrero de 2005 el Congreso rechazó su admisión a trámite y al día siguiente, en lugar de convocar una consulta como se había comprometido hasta cuatro veces ante el Parlamento, Ibarretxe convocó elecciones.

El enganche para la siguiente legislatura no fue el nuevo estatuto que quedó aparcado en un cajón, sino el proyecto de una consulta. De nuevo, los trabajos se extendieron durante toda la legislatura. El acuerdo, de nuevo gracias a la izquierda independentista, llegó cuando faltaba menos de un año para la convocatoria de elecciones. Juan José Ibarretxe insistió en que el 25 de octubre de 2008 habría consulta, pero el TC la prohibió y el tripartito reculó.

Tras el paréntesis de Patxi López en Ajuria Enea, Iñigo Urkullu volvió a Lehendakaritza tras ganar las elecciones de octubre de 2012. Hasta diciembre del año siguiente, 2013, no presentaron una propuesta de Nuevo Estatus, pese a que en su programa electoral prometía que lo sometería a referéndum en 2015. El PNV fue en esta materia de la mano del PSE. Las aspiraciones fueron rebajándose hasta que la última, de enero de 2016, fue la de tratar de cerrar un acuerdo de bases para que en esta legislatura –siempre en «la próxima legislatura»– se pudiera redactar su articulado. Todo volvió a quedar en nada.

Y ahora se vuelve a esta historia interminable. (Continuará).I.I.