Araíz de un recurso interpuesto por el PP, el Tribunal Supremo español acaba de tumbar el sistema de becas para el alumnado no universitario de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. En el curso 2014-2015 el Gobierno de Lakua invirtió 54,3 millones de euros en estas becas. Fue el Gobierno de Mariano Rajoy, del que Alfonso Alonso había sido ministro de Sanidad, el que puso el recurso en 2016. Ahora, el Alto Tribunal considera el sistema de ayudas vasco discriminatorio porque protege a sus estudiantes y familias por encima del resto de administraciones autonómicas. Como suena: a instancias del Gobierno español, el Tribunal Supremo desmonta el sistema vasco de ayudas al estudio porque el Gobierno de Gasteiz invierte más en su alumnado que el resto de comunidades.

Esto sucede en un ámbito competencial, el de la Educación, traspasado hace treinta y ocho años. Dentro de una política socioeducativa que tiene un consenso casi absoluto, del que por lo visto solo se desmarca el PP. Se trata de una partida que, obviamente, la CAV paga con sus impuestos. En el curso mencionado, fueron 123.702 ayudas para material escolar y 61.284 para comedores.

Según señalan los magistrados españoles, el sistema de becas vasco no es tan exigente como el del resto del Estado en relación al expediente académico. Es decir, no fundamenta su ayuda en los resultados o, dicho de otro modo, según estos jueces no los penaliza lo suficiente. En principio, unos malos resultados académicos pueden reflejar otro tipo de problemas, por lo que retirar las becas en base al rendimiento no parece una política inteligente, al menos si lo que se busca es no dejar atrás a los sectores más necesitados en una cuestión tan importante como la educación básica.

Otro de los «problemas» que detecta el Tribunal Supremo español en el sistema de becas es que los umbrales de renta que se piden en estos territorios vascos son más elevados, debido a que la renta per cápita también es más alta. Es decir, las familias con más ingresos no reciben estas becas, sino que contribuyen a ellas a través de sus impuestos. Parece una política redistributiva bastante sensata.

En general, es curiosa la visión española de la Justicia, que plantea que la discriminación la ejerce quien fomenta las ayudas al estudio, en vez de quien no apoya lo suficiente a sus estudiantes. El argumento sirve además para cualquier terreno. Sin ir más lejos, la semana pasada se conocían los índices europeos de innovación y, según la propia consejera Arantxa Tapia, el Estado volvía a ejercer su «efecto corrector» en sentido negativo, es decir, como lastre. Desde este otro punto de vista, no obstante, las políticas en favor de la innovación podrían verse como discriminadoras de las empresas españolas que no invierten en ello.

Hablar de lo que hay que hablar

Desde la perspectiva de la institucionalización vasca, esta es una de las noticias más graves de los últimos años. Dinamita gran parte del relato sobre la autonomía y el Concierto vasco. En 2016 el Gobierno de Urkullu lo calificó de «inaceptable». Ahora no es un escándalo porque el PNV sabe marcar la agenda.

Ayer, con la ayuda de algunos, decidió que tocaba hablar de presupuestos. Según anunció Joseba Egibar, el margen de negociación de Lakua este año es de entre 30 y 50 millones de euros. Parece un margen realmente rácano, por mucho gasto fijo que haya, en unas cuentas públicas que ascienden a 11.486 millones. Teniendo en cuenta que el año pasado, en el que el Gobierno de PNV y PSE fracasó para lograr un acuerdo, EH Bildu fue la fuerza que más cerca estuvo de llegar a ese acuerdo y planteaba cambios en relación a 420 millones, estas cifras solo pueden servir para marcar una posición de partida o para eliminar de antemano a posibles aliados.

El presupuestario es un tema de debate interesante, siempre y cuando sea honesto. Esta semana el consejero Pedro Azpiazu se ha reunido para hablar de las cuentas públicas con Podemos y PP. El martes será el turno de EH Bildu. En principio, vistos los primeros movimientos, parecería que el PP es el preferido del Gobierno de Urkullu, aunque convendría que el Ejecutivo aclarase si está dispuesto a pactar con fuerzas españolas que luego por detrás y vía judicial alteran las normas y te empobrecen. Porque para estas alturas, en cierto sentido, el PP ya ha gastado el equivalente a los cincuenta millones mencionados por Egibar.