Un tribunal marroquí condenó ayer a la periodista saharaui Nezha Khalidi, miembro del colectivo Équipe Média, a una multa de 4.000 dirhams (unos 400 euros), pero no a una pena de cárcel a la que se arriesgaba acusada de un delito de «usurpación de funciones».

El Tribunal de Primera Instancia comunicó un resumen de la sentencia en su página web, en la que añadió que la acusada podrá recuperar al final de todo el proceso judicial el teléfono que le fue confiscado mientras grababa una manifestación y la transmitía en directo por Facebook el pasado 4 de diciembre.

Khalidi estaba acusada de trabajar sin acreditación de prensa, y se exponía a una pena de entre tres meses y dos años de cárcel, según el artículo 381 del Código Penal marroquí, que prohíbe ejercer una profesión «sin reunir las «son fijadas por la autoridad pública».

La periodista, que estaba perseguida en régimen de libertad, se encontraba ayer en Donostia, desde donde señaló que asume los riesgos de ser periodista en El Aaiún y que volverá en unos días a su ciudad, a la que habría regresado en cualquier caso, aun en el caso de una sentencia de prisión.

«No renuncio a mi trabajo (de periodista) y sabía que esto podía pasarme, que Marruecos puede castigarme, como lo ha hecho con varios compañeros míos», explicó a Efe.

Khalidi pertenece al colectivo de periodistas saharauis de Équipe Média, creado en 2009 para romper el bloqueo informativo en torno al Sáhara Occidental, señala Ahmed Ettanji, uno de sus cofundadores, que cita como ejemplo expulsión de observadores internacionales que habían viajado a El Aaiún precisamente para seguir el juicio contra la joven saharaui: el 19 de mayo, cinco abogados españoles y dos noruegos fueron expulsados del territorio saharaui y devueltos en un avión al Estado español; el 23 de junio, se repitió el mismo caso con otros tres abogados españoles.

Expulsiones de abogados, periodistas y políticos son habituales y suelen ser verbales, sin acompañamiento de una orden escrita.

Expulsada por quinta vez

Precisamente, las autoridades marroquíes expulsaron ayer por quinta vez a la francesa Claude Mangin Asfari, esposa del activista saharaui preso Naama Asfari, encarcelado en Marruecos desde 2010. Mangin explicó que tras llegar al Aeropuerto de Rabat, las autoridades fronterizas le impidieron salir de la zona internacional y le obligaron a volver a París en el mismo avión.

«Quieren romper a los presos, por eso nos impiden vernos, pero voy a protestar e intentar hasta que me dejen entrar», afirmó. Añadió que va a denunciar este comportamiento de las autoridades marroquíes ante el Gobierno francés y el Comité contra la Tortura de la ONU.

Asfari es considerado el líder del «grupo de Gdaim Izik» y fue condenado en julio de 2017 a treinta años de cárcel en apelación por un tribunal marroquí, junto a otros 23 independentistas saharauis sentenciados a penas que llegan hasta la cadena perpetua, tras el desmantelamiento violento de un campamento de protesta en las afueras de El Aaiún en 2010.