El próximo 7 de agosto, el presidente colombiano, Iván Duque, cumplirá su primer año al frente del Gobierno. En una extensa entrevista a Efe, asumió el peligro que corren los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, aunque el Gobierno no reconoce el carácter sistemático de los ataques contra ellos y contra excombatientes en proceso de reincorporación. Solo desde la firma de los acuerdos de La Habana, a los que Duque y su Centro Democrático se opusieron, han matado a más de 400 líderes sociales y a 137 exguerrilleros.

El mandatario ha tratado por todas las vías de desvirtuar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), columna vertebral de los Acuerdos de La Habana, aunque finalmente sus objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP fueron rechazadas por la Corte Constitucional por el Congreso, pero los ataques verbales contra este órgano de justicia y sus magistrados han sido constantes.

El arranque bajo la Presidencia de Duque de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas tampoco ha sido el contemplado en los acuerdos por las trabas burocráticas de las diferentes instancias gubernamentales, la falta de presupuesto y la lenta tramitación de las leyes que deben dar cuerpo a estos mecanismos de reparación a las víctimas y garantía de no repetición de los hechos.

Organismos internacionales entre ellos la misión de verificación de la ONU en Colombia, el Consejo de Seguridad y la UE, han alertado del aumento de los ataques contra líderes sociales y exguerrilleros. Duque afirmó que es «difícil» protegerlos a todos. «Pretender dar una protección individual, con un esquema de seguridad para cada uno es difícil y por eso nos toca, donde tengamos amenazas, actuar rápidamente con esos mecanismos de protección individual, pero también buscar la protección colectiva, involucrando en ese ejercicio a alcaldes y gobernadores en lo local», manifestó.

Aseguró que durante este primer año se han reducido en más de un 30% las muertes de líderes sociales respecto a 2018. «¿Qué si estoy contento con eso? No, porque tenemos que seguir avanzando, pero hay una reducción. ¿Qué nos toca hacer? Entender dónde se está presentando cada vez más este fenómeno, que es en un grupo muy reducido de municipios», dijo.

En cuanto al proceso con el ELN –Duque suspendió formalmente el diálogo iniciado por el Gobierno de Juan Manuel Santos con esta guerrilla, primero en Ecuador y luego en Cuba–, reiteró sus exigencias para reanudarlo. El Gobierno colombiano ha exigido a Cuba, uno de los países garantes de los diálogos junto a Noruega, la entrega de los delegados del ELN.

«Yo les dije, si ustedes quieren hablar de paz liberan a todos los secuestrados y suspenden los actos criminales. ¿Cómo respondieron? Con un acto terrorista hace seis meses en una escuela –de cadetes– con un carro bomba. Si quieren avanzar tiene que ser en el marco de la legalidad, entregando los secuestrados y suspendiendo los actos criminales y exponiéndose a las decisiones de la Justicia», remarcó Duque en la entrevista.

El próximo 26 de julio, día de movilización por la paz

El Movimiento Defendamos la Paz ha convocado para el próximo 26 de julio una jornada de movilizaciones en todo el país en defensa de «la vida».

En el comunicado para presentar esta iniciativa, ampliamente difundida a través de las redes sociales, expresó su «gran preocupación por la cadena sistemática de violencia contra quienes dejaron las armas en varias regiones del país». «10.708 exintegrantes de las FARC-EP están cumpliendo a cabalidad las responsabilidades adquiridas en el Acuerdo Final y son la mejor demostración de que el proceso de paz es una realidad en desarrollo y consolidación», remarcó esta amplia plataforma que aglutina a movimientos sociales y políticos.

«Los crímenes contra las personas que están en proceso de reincorporación constituyen una de las más serias amenazas contra el proceso de paz, pues buscan minar la confianza en el mismo, y con ello promover el retorno a las armas», denunció.GARA