El origen de los hechos se remonta a noviembre de 2013, cuando la Diputación era gobernada por EH Bildu. Intxaurrandieta era presidenta de GHK, mientras que Errazkin ejercía como diputado foral de Medio Ambiente.

Ambos protagonizaron el acto en el que se anunció la rescisión del contrato suscrito en su día por el Ejecutivo foral anterior, liderado por el PNV, para construir dicha infraestructura. La paralización fue recurrida en los tribunales por los representantes de PNV y PSE en GHK.

En 2017, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Donostia estimó este recurso y anuló la rescisión del contrato. Para entonces, los jeltzales habían recuperado el poder –en coalición con el PSE–, y habían reactivado el proyecto de construir una incineradora para quemar los residuos del herrialde.

Nada más hacerse pública aquella primera sentencia, el entonces diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, anunciaba que a Intxaurrandieta y Errazkin «no les puede salir gratis». Dicho y hecho, en octubre de 2017 GHK aprobó, con los votos de PNV y PSE, presentar una demanda contra ambos. Les acusaba de haber ocasionado a las arcas forales unas pérdidas de alrededor de 45 millones de euros.

La vista en el Tribunal de Cuentas tuvo lugar en abril de 2018. Los acusados defendieron su gestión y remarcaron que, al margen de su postura contraria a la quema de residuos, el proyecto de incineradora estaba sobredimensionado e iba a ser deficitario, generando mayores pérdidas que las que causaron las indemnizaciones. Cabe subrayar que la segunda incineradora, que está a punto de terminarse, tiene una capacidad sensiblemente inferior a la que se proyectó en principio.

Sin perjuicio o menoscabo

La sentencia, que se hizo pública en octubre pasado, exculpaba a ambos. Los rectores de GHK no dieron su brazo a torcer. Anunciaron que usarían «todos los medios a su alcance para que Gipuzkoa recupere los 45 millones de deuda ocasionados por los gestores de EH Bildu» y presentaron un nuevo recurso ante el Tribunal de Cuentas. Este confirmó su resolución en junio, al remarcar que la actuación de Intxaurrandieta y Errazkin «no ha originado perjuicio o menoscabo de los fondos públicos».

Al Consorcio le quedaba la opción de apelar al Tribunal Supremo, pero ayer optó por desistir, dando carpetazo al procedimiento. La decisión fue adoptada tras analizar un informe jurídico en el que se indica que «no es razonable la prosperidad de un recurso de casación».

El cierre de este ramal no supone que GHK haya renunciado a que Intxaurrandieta y Errazkin sean condenados. Sigue abierta una segunda vía, con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV –ratificada por el Supremo– que apreció «desviación de poder» en la decisión adoptada hace casi seis años.

La Asamblea de GHK aprobó ayer la solicitud de otros dos informes para «determinar cuáles son las actuaciones procedentes», «establecer si concurren indicios de responsabilidad» y «cuantificar e identificar los posibles daños derivados».