20/07/2019

Reportaje
 
LA SOLIDARIDAD Y LA DENUNCIA VIAJAN A LA FRONTERA SUR EUROPEA

La Caravana Abriendo Fronteras ha llevado la solidaridad con los migrantes y con quienes son criminalizados por ayudarles y la denuncia de la violación de sus derechos hasta Andalucía y Ceuta, la segunda ruta migratoria con mayor número de muertes.

Mirari ISASI
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Las casi 300 personas que integran la Caravana Internacional Abriendo Fronteras-Mugak Zabalduz, en su cuarta edición, llegan hoy a Lepe (Huelva), última etapa de su periplo por la frontera sur europea, la de Andalucía y Ceuta, para denunciar la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas que se juegan la vida para asegurarse un futuro digno y la criminalización de la solidaridad, como lo han evidenciado los casos del bombero andaluz Miguel Roldán, la capitana alemana Carola Rackete o la activista Helena Maleno.

Después de visitar Grecia, Melilla e Italia, esta iniciativa busca tejer ahora redes en la frontera sur de Andalucía y Ceuta de cara a articular luchas mediante acciones comunes para hacer frente a la arbitraria vulneración de los derechos humanos, la criminalización de la solidaridad y el avance de las políticas neofascistas –como pusieron de manifiesto las elecciones autonómicas andaluzas–. Allí han intercambiado experiencias con quienes acogen e intentan mejorar la situación de los que sobreviven a la travesía del Mediterráneo –convertido, junto al Sáhara, en una gran fosa común– y reivindicar, una vez más, la buena acogida, el derecho a la libertad de movimiento de todas las personas, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de refugio e inmigración.

Desde el 12 de julio han recorrido Granada, Motril, Tarifa, Ceuta, Jerez de la Frontera, Sevilla, Huelva y Lepe para visibilizar la deshumanizada situación especialmente de los menores no acompañados, las porteadoras y empleadas de hogar en Ceuta, las temporeras marroquíes en Huelva, las personas más vulnerables a las redes de trata y tráfico de personas, las que son devueltas en «caliente caliente» –como dice Itziar Fernández, de Ongi Etorri Errefuxiatuak–, las que se juegan la vida, primero, en las cuchillas y concertinas que coronan las vallas fronterizas de la militarizada ciudad de Ceuta y, después, en las aguas del Mediterráneo.... Y también han sido los puntos elegidos para homenajear a quienes han muerto «a causa de la violencia institucional y el abandono humanitario en la frontera sur».

La explotación en los campos andaluces de los migrantes, especialmente mujeres, que son doblemente explotadas; el hecho de que Andalucía se haya convertido en 2018 en la región de Europa con mayor número de llegadas (51.711) y, a causa de ello, la segunda en víctimas mortales, evidencia las deficiencias del sistema institucional de acogida y la involución en política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, que mantiene las devoluciones en caliente y ha prohibido a los barcos Aita Mari y Open Arms realizar labores de salvamento tras haber permitido el atraque del Aquarius.

El ascenso de la extrema derecha agrava la situación de los derechos humanos al utilizar a las personas migrantes como chivo expiatorio y fomentar la criminalización de la solidaridad. Estos son los motivos que han llevado hasta la frontera sur a esta caravana formada por personas de distintos puntos del Estado español, entre ellos Euskal Herria y Paisos Catalans, a los que se ha sumado la organización italiana Carovane Migranti.

«Necropolítica criminal»

Desde la Caravana Abriendo Fronteras, Itziar Fernández denuncia a GARA la «necropolítica criminal y deshumanizada» de la UE. A Bruselas exigen, entre otras medidas, la anulación de los acuerdos suscritos con Turquía, Libia y Marruecos, el cierre de las «racistas cárceles encubiertas», ya sean CIE, CATE o CAAT, la derogación de la Ley y el Reglamento de Extranjería, el fin de las devoluciones en caliente y el establecimiento de vías legales y seguras para las personas en tránsito, la disolución de Frontex y el establecimiento de un operativo de salvamento marítimo en el Mediterráneo, la protección de los menores en Ceuta y Melilla y, sobre todo, unas políticas de acogida dignas y efectivas y unos procesos de regularización para todas las personas en lugar del constante incremento del gasto en materia de seguridad.

«Ante la aplicación de leyes que no respetan los derechos humanos, nosotros obedecemos a los derechos humanos», zanja Fernández, que defiende la desobediencia civil para defender los derechos de los migrantes y combatir la criminalización.

Destaca Fernández el, en general, buen recibimiento de la ciudadanía por donde han pasado, no así de las autoridades, con las que no han tenido contacto. Y se queda con el emotivo testimonio, en Motril, del bombero Miguen Roldán, acusado de favorecer el «tráfico ilegal» de personas por su labor de rescate. Asegura que lo más difícil es cuando pasas de rescatador a juez, a decidir quién vivirá y quién no, por ejemplo, «cuando en tu barco hay capacidad para 300 personas y en el suyo son 600 o cuando sabes que si acudes al lado derecho quizá sea demasiado tarde para salvar a los de la izquierda».

Hoy llegarán a Huelva, donde un empresariado buitre no tiene reparos en usar una mano de obra sin derechos y donde concluye su periplo. En esta frontera sur que criminaliza y amplifica la desprotección, pondrán de manifiesto que «no se puede ser neutral ante una situación como esta», que Fernández vincula a la aporofobia.