La principal coalición de grupos civiles y partidos de Sudán rechazó los resultados de la investigación oficial del desalojo violento de la acampada frente a la sede del Ejército el 3 de junio, en el que según los activistas murieron 130 personas y según los datos revelados ayer 87.

La alianza Fuerzas de la Libertad y el Cambio calificó los resultados anunciados por el comité formado por la Fiscalía General sudanesa como «un intento de ocultar la verdad y enterrarla bajo los escombros» y la formación de un comité de investigación independiente, en base al reciente acuerdo para el reparto del poder entre civiles y uniformados.

Por su parte, la Asociación de Profesionales Sudaneses, que ha liderado desde el primer momento las movilizaciones en las calles, rechazó los resultados de las investigaciones, que consideró «no neutrales». Su portavoz, Ismail Tash, destacó que los muertos contabilizados por grupos opositores y activistas son al menos 130 y recordó que todavía hay 38 desaparecidos.

Horas antes, la Fiscalía sudanesa había anunciado que tomará medidas legales contra nueve oficiales de alto rango por «crímenes contra la humanidad» por su papel en el desalojo violento de la acampada.

El jefe del comité de investigación, Fath al-Rahman Said, sólo identificó a los imputados por sus iniciales y no especificó si pertenecen a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que fueron acusadas de liderar aquella operación. Reveló que al menos 87 personas murieron.

Señaló que se ha identificado a un general, al que no nombró, que contravino las instrucciones de sus superiores y ordenó a los antidisturbios abrir fuego contra los manifestantes. Además, aseguró que «personas enmascaradas» también dispararon a los presentes.

Además, dijo que no se han encontrado evidencias de violaciones durante el desalojo, ni del incendio de las tiendas de campaña como denunciaron manifestantes y supervivientes.