10/09/2019

Reportaje
GASOLINERAS AUTOMÁTICAS
UN SELF-SERVICE DE CARBURANTE QUE, BAJANDO EL PRECIO, SALE CARO

La creciente y controvertida implantación de las gasolineras automáticas está sacudiendo todo el sector. Sus promotores apelan al ahorro como banderín de enganche; sus detractores señalan por contra la pérdida de empleos y la merma en garantías de seguridad.

Iker BIZKARGUENAGA
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Han llegado más tarde que al resto de Europa y su penetración todavía es bastante limitada, pero en los últimos años las gasolineras automáticas también se han asentado en nuestro país, y todo parece indicar que van a formar parte habitual del paisaje viario en un plazo breve.

Según datos aportados el pasado mes de julio por la patronal de las estaciones automáticas del Estado, Aesae, en estos momentos hay veintitrés establecimientos de este tipo en Hego Euskal Herria; siete en Bizkaia, seis en Nafarroa, y cinco en Gipuzkoa y en Araba, siendo este herrialde el lugar donde alcanzan el porcentaje más elevado respecto al total de gasolineras existentes. La media no llega al 6%, y aún no ha alcanzado el 9,2% estatal –un 19% en Catalunya–, pero teniendo en cuenta que su implantación ha sido más tardía debido a que durante un tiempo estuvieron vetadas tanto en la CAV como en Nafarroa y que el ratio de vehículos es mayor que en otros lugares del Estado, las previsiones auguran un rápido crecimiento.

El precio como principal reclamo

Se consideran gasolineras automáticas o desatendidas –coloquialmente también se les llama “gasolineras fantasma”– a las estaciones que no disponen de personal empleado para suministrar combustible ni para cobrar el servicio a los clientes, a diferencia de las gasolineras tradicionales o las de “autoservicio”, que sí cuentan con personal que activa el suministro y que gestiona el pago.

El punto fuerte de estos establecimientos es el precio. Según el citado informe, las gasolineras automáticas son entre once y trece céntimos por litro más baratas, y marcaban a comienzos de verano un precio medio en gasolina de 1,26 euros/litro frente a los 1,37 euros de las tradicionales, y de 1,17 euros por 1,26 en gasóleo. Esto supondría un ahorro de entre 260 y 320 euros anuales, dependiendo de la zona en la que se lleve a cabo el repostaje y del combustible que se utilice.

Ese abaratamiento del coste es consecuencia de la falta de personal y del menor espacio que ocupan estas gasolineras, que se han visto favorecidas tanto por dictámenes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha salido en su defensa arguyendo que incrementan la presión competitiva en el sector –el 19 de julio la CNMC presentó un informe ad hoc en el que pedía eliminar «limitaciones innecesarias»–, como por fallos judiciales que han desbaratado algunas restricciones legales.

Así, por ejemplo, a principios de este año el Tribunal Supremo les dio la razón y desestimó los recursos presentados por el Gobierno de Illes Balears y la Asociación de Estaciones de Servicio de Baleares (Aesba), en la que exigían que este tipo de gasolineras contasen con personal empleado para poder operar. Ambas habían recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en la que anulaba un artículo de la norma regulatoria, pero el Alto Tribunal rechazó la apelación y abrió camino a estos establecimientos. Por contra, y en esas fechas, el más alto órgano judicial del Estado sí que validó la norma ITC-04, que regula la seguridad industrial en las instalaciones de suministro de carburante al por menor, según la cual los clientes de las estaciones de servicio desatendidas solo podrán repostar un máximo de 75 litros o tres minutos por cada vehículo. Desestimaba así el recurso presentado por Aesae.

Empleo perdido y mayor precariedad

Sea como fuere, las gasolineras automáticas han acabado por aparecer en nuestras carreteras, aunque no sin reparos ni controversia.

Así, durante el proceso abierto por parte del Gobierno de Lakua para aprobar el decreto sobre los requisitos que deben cumplir estas instalaciones, el Consejo Económico y Social (CES) emitió un dictamen en el que si bien se admitía que este modelo es susceptible de incrementar la competencia y de presionar los precios a la baja, también sacaba a relucir algunos de los inconvenientes que acarrean, como los relacionados con el empleo, la seguridad, los derechos de los consumidores y la atención a las personas con discapacidad. En ese informe, de mayo de 2018, el CES señalaba por ejemplo que cada gasolinera desatendida «redunda en una pérdida de seis puestos de trabajo», lo que no es poco teniendo en cuenta que en Hego Euskal Herria existen unas 450 gasolineras. Si las automáticas acaban desplazando a las tradicionales y a las de «autoservicio» pueden ser miles los puestos de trabajo afectados.

La pérdida de empleo es precisamente el principal motivo de que los sindicatos rechacen este tipo de establecimientos. «Estamos en contra porque destruye empleo, y el que no lo destruye lo precariza», expone a GARA Itsasne Núñez, representante de LAB.

Explica que la llegada de gasolineras automáticas está propiciando que en el resto de estaciones, para competir, estén diversificando las funciones de los expendedores. «Ya no se limitan a expender gasolina, sino que incluso en empresas como Cepsa se está pidiendo que comercialicen tarifas de electricidad y luz entre las personas que van a la gasolinera. Están haciendo de comerciales y no de expendedores. Todo para ser competitivos y mantenerse en el mercado», censura.

LAB formó parte durante casi tres años del grupo de trabajo convocado por Lakua para fijar los requisitos para la instalación de las gasolineras desatendidas, pero abandonó la mesa en enero de 2018, según indica Núñez, «ante la falta de voluntad por parte del Gobierno de proteger el empleo que ya estaba creado en las gasolineras atendidas».

El de la destrucción de empleo no es, sin embargo, el único motivo de preocupación relacionado con este tipo de instalaciones, ya que la seguridad de las personas y el medio ambiente también puede verse comprometida. El CES destaca en su informe que la presencia en las estaciones de servicio de personal con formación y capacitado para responder adecuadamente ante incidentes o accidentes es «una garantía». Y en ausencia de ese tipo de personal, opina que las estaciones automáticas deberían proveer «otras vías de vigilancia de los elementos o situaciones que puedan generar un riesgo por un mal uso por parte de los clientes». Núñez también apunta a las deficiencias que presentan en materia de seguridad y añade que «un circuito cerrado de televisión no cumple con las garantías para hacer frente a incidencias que puedan surgir en las operaciones de carga y descarga de combustible».

El CES advierte, asimismo, de que la falta de personal no puede redundar en una merma de los derechos de los consumidores ni en un incremento de su responsabilidad asumiendo parte de las obligaciones que son del propietario, y cita como ejemplo la obtención de las facturas del carburante y las hojas de reclamaciones, «que son trámites amparados por la legislación y se sustentan de forma eficaz ante el personal empleado en las gasolineras tradicionales». Desde LAB opinan, además, que para los usuarios y usuarias «el no poder contar con asistencia presencial en este tipo de estaciones es un agravio en lo que respecta a sus derechos».

Campo de batalla empresarial

Las facilidades en la prestación del servicio que las estaciones automáticas deberían ofrecer a las personas que sufren alguna discapacidad son otro de los puntos en los que fija su atención el CES, que recuerda que la Eurocámara ya instó a la Comisión Europea a que investigara si los derechos de estas personas estaban debidamente amparadas.

Aunque lo cierto es que hasta el momento la Comisión Europea, firme seguidora del dogma liberal, se ha mostrado más proclive a amparar el desarrollo de este negocio que a ponerle límites o condiciones por el bienestar de clientes o trabajadores. En 2016 ya les dio la razón afirmando que la exigencia de tener personal empleado es incompatible con el derecho comunitario sobre la libertad de establecimiento de empresas.

A las “gasolineras fantasma” les están saliendo además otros aliados no menos poderosos. Y es que su expansión está siendo aprovechada por algunas empresas para penetrar en un mercado hasta ahora copado por grandes compañías petroleras, como Repsol y Cepsa. Así, a principios de verano otra multinacional como la eléctrica Endesa pactó con Ballenoil, una de las fundadoras de Aesae, la instalación de 106 puntos de recarga en 53 estaciones de servicio del Estado. El acuerdo, alentado por el cambio legislativo que obligará a las estaciones a contar con un punto de recarga para vehículos, supone un golpe de mano en un sector muy jugoso.

Son las primeras escaramuzas de una batalla que seguro acabará salpicando a trabajadores y clientes. Es lo que tiene la gasolina.

6 trabajadores

>Según contempla el dictamen presentado el año pasado por el CES sobre el decreto elaborado por Lakua para regular el sector, se estima que cada gasolinera automática supone una pérdida de seis puestos de trabajo.

260-320 euros

>La patronal Aesae sostiene que en las estaciones desatendidas el combustible es entre once y trece céntimos más barato por litro, y que repostar en ellas puede suponer entre 260 y 320 euros de ahorro anual.

23 gasolineras

>En Hego Euskal Herria hay 23 «gasolineras fantasma», siendo Bizkaia con 7 el herrialde con mayor cantidad, y Araba (5) donde el porcentaje es mayor respecto al total. En Nafarroa hay 6 y en Gipuzkoa otras 5.