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DONOSTIA

Elevan hasta los nueve años la petición para Víctor Bravo

La Fiscalía de Gipuzkoa elevó de seis a nueve años su petición de condena para el exsenador del PNV y exdirector de la Hacienda de Gipuzkoa, Víctor Bravo, como cooperador necesario en tres presuntos delitos contra la Hacienda.

La Fiscalía incrementó de seis a nueve años su petición de prisión para el exsenador del PNV y exdirector de Hacienda de Gipuzkoa Víctor Bravo, acusado, junto a Fernando Isidro González, de tres delitos de fraude fiscal por más de 1,5 millones a través de la empresa Glass Costa Este Salou S.L., en lo referente a la cuota del Impuesto sobre Sociedades de 2003, 2004 y 2006. A González, administrador de la sociedad, le rebajó la petición de prisión a cuatro años y medio, al aceptar el atenuante de reparación del daño puesto que ha consignado en sede judicial un millón de euros.

Por su parte la acusación particular, ejercida por la abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria, mantuvo su petición de penas de nueve años de prisión, tanto para González, como «máximo partícipe» de los delitos de los tres delitos, como para Bravo como «cooperador necesario».

La última sesión del juicio, que quedó visto para sentencia, se desarrolló ayer durante casi cuatro horas y comenzó con la prueba pericial, tras lo cual se dio cuenta de los informes de conclusiones y se dio la última palabra a los acusados, a la que González rehusó, mientras que Bravo incidió en la «falta de pruebas» para condenarle.

El exsenador del PNV reiteró, como hizo en su declaración en la primera sesión de la vista, que «nunca jamás» intervino en el proceso de «reestructuración empresarial» de Glass Costa.

En sus conclusiones el Ministerio Fiscal consideró que Bravo, desde su cargo de responsabilidad en la Hacienda guipuzcoana, «se creía que era Dios», y Glass Costa gozó de «impunidad», porque sus socios eran, además de «amigos de la cuadrilla», «compañeros de trabajo» en el fisco guipuzcoano.

Por su parte, el abogado del Estado confesó que, en sus 25 años de actividad profesional, «pocas veces» se ha encontrado con «un panorama tan demoledor objetivo y subjetivo de delitos» contra la Hacienda pública.