Mohammad tiene 24 años y es de Afganistán. Hace un año huyó con sus padres y su hermano de 12. Tenían una granja pero «todo el tiempo» les amenazaban y temían por su vida por lo que decidieron emprender el peligroso viaje hacia Europa. Entraron por el río Evros, frontera física entre Grecia y Turquía y cuyo traicionero caudal se cobra cada año la vida de varias personas. Su primera residencia fue el campo de Malakasa, uno de los casi 30 campos de refugiados cuyos topónimos ya forman parte del imaginario colectivo. Malakasa se encuentra a media hora en coche de Atenas, aislado por bosques y montañas e invisible para cualquiera que no se dirija a él.

La familia decidió dejar este campo y probar suerte en Atenas porque «había muchas peleas» y era peligroso. «Mi madre tenía una hernia discal y dentro del campo no podía acceder a asistencia sanitaria, además ni yo ni mi hermano podíamos ir a clase o recibir educación», relata el joven.

En ese continuo periplo recalaron en la 5ª Escuela, un antiguo colegio en desuso que acogía a más de 220 personas refugiadas en el céntrico barrio de Exarjia hasta el pasado día 23. Allí vivieron durante cuatro meses y su hermano pudo escolarizarse.

«Todo el mundo dormía cuando, de repente, a las 5 ó 6 de la mañana empezaron a sonar fuertes golpes. Mi padre se levantó el primero y nos despertó abruptamente. Al poco nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. La gente estaba confundida y nerviosa cuando la Policía entró con mucha prisa y nos dio entre 5 y 10 minutos para recoger todas nuestras cosas», recuerda.

«Cuando salimos del edificio nos identificaron y empezaron a meternos en un autobús. Yo era de los únicos que hablaba inglés así que pregunté a la policía a dónde nos llevaban y me ordenaron que no hablara. El autobús nos condujo a Corinto», prosigue.

El campo de Corinto se encuentra a casi dos horas de la capital y fue abierto recientemente. Cada pocos días recibe un nuevo contingente procedente de las islas, totalmente saturadas.

«Está aislado, tiene pocas instalaciones y es frío. Me siento inseguro porque cada día llega gente nueva y no sabemos quiénes son. Vivo en una gran carpa separada en pequeños compartimentos mediante un material muy fino parecido al plexiglass, en cada celda hay unas 4 ó 5 personas», incide.

La entrevista con GARA tiene lugar en Atenas, a donde se ha desplazado a recoger unas zapatillas en el local de una ONG. Dicha organización cifra en cuatro euros el coste de dicho calzado. A Mohammad venir desde Corinto en autobús le ha costado casi diez euros. «Si tenemos que desplazarnos toda la familia para acudir a una entrevista dentro de nuestro proceso de asilo gastamos 45 euros», señala. Detalla que la familia recibe 400 euros al mes por parte de ACNUR.

De las alrededor de 550 personas desalojadas el último mes cerca de 60 han sido detenidas por estar en situación irregular. La gente, como la familia de Mohammad, cuya situación era regular, fue llevada a Corinto u otros campos, algunos localizados a cientos de kilómetros como el de Nea Kavala, cerca de Salónica. Al igual que su hermano, 55 niños de la 5ª Escuela que estaban escolarizados han tenido que abandonar las clases, según han denunciado las asociaciones de padres y madres de dichos centros.

Niki Georgiou es abogada de la organización Equal Rights Beyond Borders y ha estado asistiendo a algunas de las personas detenidas. «Aquellos que no tenían papeles han sido llevados a Amygdaleza, el centro de detención pre-deportación. Entre ellos hay familias con niños», comenta.

«Algunos no habían solicitado asilo todavía, otros habían violado la restricción geográfica de quedarse en islas como la de Lesbos y serán devueltos a ellas [uno de los puntos del acuerdo con Turquía firmado en 2016] y otros habían obtenido un segundo rechazo en su solicitud de asilo y van a ser enviados a Turquía», asevera la abogada.

Las «squats», modelo de solidaridad

Casi 90.000 personas refugiadas y migrantes permanecen varadas en suelo griego según el último informe de ACNUR, cerca de un 50% más de las que había hace seis meses. La docena de espacios ocupados y autogestionados en Atenas apenas llegaron a albergar a 2.000 de estas personas pero la visibilidad y el simbolismo de ellas era mucho mayor proporcionalmente. A día de hoy, a duras penas resisten un par de estos proyectos. Por ellas han pasado estos años miles de voluntarios e internacionalistas.

El uso de espacios ocupados para personas refugiadas y migrantes no es nuevo, pero fue durante la emergencia humanitaria que vivió el país en 2015 cuando parte de la sociedad civil griega decidió articular una respuesta y abrir varios de estos espacios para alojar a una parte de las cientos de familias y personas que dormían en sus parques y plazas. A día de hoy, la dinámica ha cambiado por completo. La primera tanda de desalojos ocurrió en abril cuando fueron desalojados Clandestina, Azadi y New Babylon, todos ellos en el barrio de Exarjia. El foco mediático se concentraba en este barrio de tradición libertaria, al constituir un arma arrojadiza dentro del Parlamento.

La oposición, ahora en el poder, acusaba al Gobierno de Tsipras de inacción ante lo que consideraban un barrio «fuera de la ley». El Gobierno trataba de demostrar mano firme a dos meses de unas elecciones municipales que le supondrían un descalabro y le harían convocar elecciones generales anticipadas para el 8 de julio, en las que también saldría derrotado.

Dos días después del triunfo del conservador Kiriakos Mitsotakis, el Centro de Alojamiento de Refugiados Hotel City Plaza cerraba sus puertas de manera voluntaria y ordenada para evitar una salida violenta.

El City Plaza, abierto en 2016, llegó a albergar a 400 personas y se convirtió en un símbolo internacional de solidaridad y autogestión. El primer requisito, autoimpuesto, para su cierre fue que «nadie se quedase en la calle o volviera a un campo».

La nueva política del gobierno entrante no se hizo esperar y apenas un mes después, el 26 de agosto, las «squats» de Spirou Trikoupi 15 y 17 fueron desalojadas. El pasado 20 de setiembre, cuando se cumplían tres años de su puesta en marcha –donde participaron grupos procedentes del Estado español como Holes in The Borders o Acció Solidària– se organizó una cena popular en la plaza.

El ágape concluyó con la reocupación simbólica del edificio, el despliegue de una pancarta y el lanzamiento de fuegos artificiales ante la estupefacción de los antidisturbios situados a escasos metros. En la pancarta se leía «No Pasarán», consigna que se ha convertido en el lema no oficial del barrio ante los últimos desalojos.

Los antidisturbios, que tradicionalmente se apostaban en el Museo Arqueológico, ahora han estrechado el cerco y se colocan a escasos metros de la plaza de Exarjia. La última vuelta de tuerca se produjo los días 18 y 23 de setiembre cuando de madrugada fueron desalojadas Jasmin School o 2ª Escuela, Aharnon 22 y la 5ª Escuela, donde vivían alrededor de 412 vecinos, Mohammad entre ellos, y fue detenido un fotoperiodista. El desalojo de Jasmin es especialmente simbólico pues junto con Notara 26, una de las pocas que quedan abiertas, fue una de las primeras en ser abiertas.

El Gobierno anuncia deportaciones

La situación no parece que tenga visos de mejorar. Las islas, usadas como «zona de amortiguamiento» frente a las costas turcas, nunca habían tenido tantas personas atrapadas. En apenas un año el número se ha doblado, pasando de cerca 15.000 a las casi 30.000 que hay ahora, 12.000 de las cuales están en el campo de Moria, en Lesbos.

Fue en este Centro de Detención e Internamiento donde el pasado domingo se produjo un fuerte incendio donde murieron una madre y su hijo recién nacido, según medios locales. Apenas una semana antes, un niño afgano de cinco años que dormía en una caja de cartón cerca del campo de refugiados de Moria fallecía aplastado bajo las ruedas de un camión.

En la semana del 23 al 29 de setiembre han llegado a las islas 3.164 personas, acorde con ACNUR. Hace un año, en la misma semana, llegaron 596. El acuerdo con Turquía del 20 de marzo de 2016, por el que este país recibió 6.000 millones de euros y que acabó drásticamente con las nuevas llegadas, parece no satisfacer más al país anatolio, que acoge unos 3,5 millones de refugiados.

Este lunes, el Consejo de Ministros anunció que pretende devolver para 2020 a 10.000 personas a Turquía desde las islas, que descongestionará Moria en dos meses y que van a hacer una lista de terceros países seguros a los que serán devueltos aquellos que entren sin permiso.