La represión de las crecientes protestas en Irak ha dejado ya al menos siete muertos y alrededor de 300 heridos en 24 horas, y la dureza que ha querido mostrar el Gobierno no impidió que ayer continuaran las manifestaciones contra el paro, los fallidos servicios públicos y la corrupción.

Si el lunes murieron dos personas en Bagdad y en el sur del país, ayer se añadieron otras cinco víctimas mortales. Las fuerzas de seguridad dispararon con munición real en la capital y en la ciudad de Najaf, al sur, para dispersar a los manifestantes, que quemaron neumáticos y ocuparon travesías importantes.

El Gobierno cerró la Zona Verde, donde tienen su sede las principales instituciones y la embajada estadounidense.

El influyente clérigo chií Moqtada Sadr llamó a sus partidarios a concentraciones pacíficas y a una huelga general para hoy, lo que puede aumentar el número de manifestantes.

A las reivindicaciones contra la corrupción y el paro se ha sumado la protesta por el reciente cese de un general al mando de la «lucha antiterrorista», interpretada como una cesión a las milicias proiraníes.

Se trata de la mayor movilización desde la llegada al poder del primer ministro Abdel Mahdi el 25 de setiembre. Ninguna organización política o religiosa se ha atribuido las convocatorias.

Mahdi encabezó una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional, que lamentó las víctimas, recalcó el derecho a la libertad de expresión y condenó «los actos de vandalismo». El martes prometió trabajos a los universitarios y mejoras para trabajadores locales en los contratos con empresas extranjeras.