Tras diez días de intensos contactos y mucha especulación, Londres y sus socios europeos llegaron ayer a un entendimiento in extremis, a dos semanas de la salida de la Unión Europea, prevista el 31 de octubre.

El texto fue aprobado por la tarde por los dirigentes de la UE en una cumbre en Bruselas. «Todo parece indicar que estamos muy cerca del final», aseguró el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, al anunciar su aprobación.

Incluso antes del visto bueno de los Veintisiete, el primer ministro británico, Boris Johnson, celebró un «excelente nuevo acuerdo». Pero la negociación con la UE puede ser menos complicada que la que le espera en Londres, donde no tiene asegurado el necesario respaldo de la mayoría del Parlamento.

Consciente de los recelos que genera en Londres entre los propios brexiters y, sobre todo, en el unionismo irlandés, inmediatamente llamó a los diputados de su país a aprobarlo «para llevar a cabo el Brexit sin más demoras».

Confianza de Johnson

Hace casi un año, su predecesora, Theresa May, también había logrado tras arduas negociaciones un acuerdo, calificado como «el mejor posible», que después fue estrepitosamente rechazado tres veces por los diputados británicos. Eso provocó que el Brexit, decidido por referéndum en 2016, fuese aplazado dos veces. Ahora Johnson, en el poder desde julio, se resiste a pedir una tercera prórroga.

«Tengo mucha confianza en que cuando mis colegas en el Parlamento estudien este acuerdo querrán votar a favor», afirmó el primer ministro británico desde Bruselas. «No contemplamos la derrota», declaró el ministro del Gabinete, Michael Gove, uno de los hombres fuertes del equipo de Johnson.

Los círculos empresariales temen ante todo la posibilidad de un Brexit brutal, que tendría caóticas consecuencias para ambas partes. Así que tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la patronal británica celebraron el nuevo acuerdo, pero se mantuvieron prudentes ante la posibilidad de que se vaya a pique en dos días.

En la cumbre, los líderes europeos recibieron el acuerdo entre el entusiasmo por haberlo alcanzado, la prudencia ante la posibilidad de que sea rechazado de nuevo por el Parlamento británico y la tristeza que algunos expresaron porque se materialice el Brexit.

En Londres el texto fue mal recibido, tanto entre la oposición como entre los aliados de Johnson, lo que reavivó el fantasma del rechazo.

El acuerdo retoma básicamente lo negociado por May, pero modifica su punto más conflictivo: cómo garantizar un intercambio fluido de mercancías entre el norte de Irlanda y la República de Irlanda –país miembro de la UE–, sin necesitad de reintroducir una frontera física.

Su objetivo es preservar el acuerdo de paz del Viernes Santo y proteger el mercado único europeo de una desleal competencia británica.

La solución irlandesa

El acuerdo prevé una compleja solución técnica por la cual el norte de Irlanda seguiría rigiéndose por algunas regulaciones del mercado único europeo y se mantendría de facto en una unión aduanera con la UE, aunque permanecería legalmente en la misma zona aduanera que el resto de Reino Unido.

La UE, con el visto bueno de Dublín, ha renunciado a que la red de seguridad modificada sea ilimitada en el tiempo y ha introducido el principio de consentimiento, por el que la Asamblea norirlandesa podrá decidir por mayoría simple si lo prorroga o no cuando se cumplan cuatro años del protocolo.

Sin embargo, este sistema «excepcional», que el negociador jefe europeo, Michel Barnier, justificó por la «situación única» norirlandesa choca con la férrea oposición de los unionistas del DUP.

Estos aliados claves de Johnson se niegan rotundamente a que el norte de Irlanda tenga un trato diferente a Gran Bretaña y adelantaron que mañana votaran en contra. A su juicio, los norirlandeses se enfrentarán a la costes más altos y a «un tratamiento diferenciado del resto de Reino Unido».

El laborista Jeremy Corbyn, principal líder de la oposición, también instó a rechazar el acuerdo argumentando que, más allá de la cuestión irlandesa, no cambia mucho respecto al de May, y pidió otro referéndum para resolver el rompecabezas del Brexit. Pero no es seguro que logre mantener unidas sus filas en el Parlamento, donde varios diputados laboristas son partidarios de dejar la UE.

Los legisladores británicos se reunirán excepcionalmente mañana, el día en que, por ley, Johnson debe pedir un nuevo aplazamiento de la fecha de salida si no tiene un acuerdo aprobado, aunque ha insistido en que la salida será el 31 de octubre en cualquier caso. En cambio, si logra que el texto sea ratificado, sería un triunfo que lo reforzaría de cara a unas próximas legislativas anticipadas.

Pero, ante la amenaza de un nuevo bloqueo , la UE no descarta un tercer aplazamiento. Aunque ayer los líderes europeos rehusaron hablar de otra prórroga, mañana puede volver sobre la mesa.

El Tribunal de Sesiones de Edimburgo, la máxima instancia judicial de Escocia, evaluará hoy si el acuerdo del Brexit cumple con la legalidad, respondiendo a una demanda presentada por el procedimiento de urgencia por el fundador de la asociación contraria al Brexit «The Good Law Project», Jo Maugham, quien considera que el tratado viola la legislación actual en materia impositiva.

Su objetivo es evitar que el texto sea votado por el Parlamento en la sesión extraordinaria programada para mañana.

La demanda, según Maugham, se basa en el principio de que el acuerdo de retirada contraviene la legislación presentada por el grupo de parlamentarios conservadores European Research Groupe (ERG), conocido por defender la línea más dura en relación al abandono de la UE.

La sección 55 de la Ley de Impuestos para el Comercio Transfronterizo de 2018 recoge que el norte de Irlanda no puede tener reglas aduaneras diferentes a las del resto de Reino Unido, para «defender la integridad constitucional del Reino Unido y salvaguardar la Unión en el futuro».

El pacto alcanzado contempla que el norte de Irlanda permanezca alineada con ciertas normas del mercado único, aunque dentro del territorio aduanero de Reino Unido, para evitar una «frontera dura».

Si el tribunal escocés falla a favor de los demandantes, Johnson estaría obligado a solicitar directamente una prórroga del periodo de salida de la UE.GARA

 

Un tribunal escocés, primer escollo para el nuevo pacto