14/11/2019

La revuelta acorrala a un Piñera que busca librarse anunciando reformas
GARA|SANTIAGO DE CHILE
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Las protestas que empezaron el pasado 18 de octubre como respuesta a la subida del precio del billete de metro, se han convertido en un clamor contra el gobierno y el brutalmente desigual modelo económico de Chile, considerada hasta hace poco la perla, el oasis neoliberal en América Latina.

Con la revuelta social entrando ya en su cuarta semana, cada vez más radicalizada y con pocos signos de que decaiga hasta que se consigan cambios reales, el presidente Sebastián Piñera se siente acorralado, en peligro, y se ha visto obligado a anunciar una batería de reformas para poder eximirse.

En un discurso de urgencia desde el Palacio de La Moneda, no obstante, también se mostró decidido a endurecer el conflicto al anunciar un aumento del número de carabineros en las calles y la presentación de querellas contra los manifestantes.

Piñera, que ha descartado por completo su renuncia al cargo que miles de chilenos reclaman en la calle, anunció en su discurso el inicio de una reforma constitucional expresando que «todos los chilenos tenemos que unirnos en torno a un acuerdo por una nueva Constitución, dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática». Y desdiciéndose, ahora sí que habló abiertamente de participación popular, de un plebiscito ratificatorio «para que los ciudadanos tengan la última palabra en el pacto social que Chile necesita». No aclaró, sin embargo, si el plebiscito derivaría en una Asamblea Constituyente, como pide toda la oposición y los manifestantes, o en un Congreso Constituyente, como defendía oficialmente hasta ahora.

Cambio real, no reformas

Pero la realidad es tozuda. Ni los acuerdos de reforma tributaria alcanzados con la oposición, ni que fueran presentados por el Partido Comunista y aprobado con los votos de la derecha han detenido la revuelta. Tampoco el anuncio de una reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas, la marcha atrás en la bajada de impuesto a las grandes empresas, el incremento del 16% del salario mínimo, la reducción de los medicamentos, la bajada de la tarifa eléctrica o la reducción de dietas a los parlamentarios han apagado los fuegos.

Tampoco lo ha hecho el anuncio de reforma constitucional, ahora ya con un plebiscito ratificatorio que no parece calmar la situación. Así lo atestiguan las multitudinarias protestas y la intensidad de los enfrentamientos e incidentes entre manifestantes y carabineros que se dan casi a diario y que ya se han extendido por diferentes puntos del país.

Ni siquiera el mercado financiero le da buenas noticias al presidente Piñera. Anteayer el peso chileno se desplomó un 3,1% y alcanzó su mínimo histórico y la Bolsa de Santiago cerró con grandes caídas.

«Constitución de Pinochet»

A los manifestantes no les han convencido ni el anuncio de nuevas medidas sociales ni el inicio de un proceso para elaborar una nueva constitución. Creen haber llegado a un punto sin vuelta atrás, en el que sin cambios reales y substanciales nada habrá tenido sentido.

En concreto, sus exigencias pasan por la organización de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna que blinde derechos sociales. Por un proceso, en definitiva, que corte radicalmente con la actual constitución aprobada en 1980, en plena dictadura de Pinochet (1973-1990), en un cuestionado referéndum, y que ha institucionalizado la depredación neoliberal de los bienes comunes hasta hacer que derechos sociales básicos como la educación, las pensiones o la sanidad sean bienes de consumo y de mercado.

Baste como ejemplo el hecho de que Chile se encuentra entre los países de la OCDE que tiene las tarifas universitarias más caras, con 7.654 dólares de promedio, solo por detrás de las universidades públicas de EEUU. Y que, para poder estudiar, los jóvenes deben asumir un altísimo nivel de endeudamento, el mayor de todo el continente.

MÁS CARABINEROS


Ante la huelga general y las protestas masivas, el presidente de Chile Sebastián Piñera respondió con el anuncio de un aumento de carabineros mediante la reintegración de aquellos que hayan tenido «un retiro reciente y un servicio destacado».