El Gobierno chileno y la oposición, exceptuando al PC, alcanzaron en la madrugada del viernes un acuerdo histórico en el Parlamento para organizar un referéndum en abril de 2020 sobre la adopción de una nueva Constitución para reemplazar la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

Con ello, el Ejecutivo del derechista de Sebastián Piñera busca acabar con la revuelta popular que, desde el 18 de octubre, cumple cuatro semanas y cuya represión se ha saldado con al menos 22 muertos y miles de heridos, cientos de ellos con heridas irreversibles en los ojos.

La consulta ciudadana se realizará en abril de 2020 y resolverá dos preguntas. En la primera, los ciudadanos tendrán que responder si quieren o no una nueva Constitución.

En la segunda, deberán pronunciarse sobre qué tipo de órgano deberá redactar la nueva Constitución, una «convención mixta constitucional», compuesta al 50% por parlamentarios y por ciudadanos electos para la ocasión, tal y como insiste el Gobierno o una Asamblea Constituyente íntegramente compuesta por miembros electos para tal fin, principal reivindicación de la revuelta.

Finales de 2021

Si el proyecto de una nueva Constitución es validado en referéndum, la elección de los representantes de una u otra instancia se haría en octubre de 2020 por sufragio universal, coincidiendo con las elecciones municipales y regionales. Este órgano dispondrá de nueve meses prorrogables en otros tres para redactar la nueva Carta Magna, que deberá ser sometida asimismo a plebiscito.

La derogación de la Constitución y la convocatoria de una Asamblea Constituyente son los principales reclamos de una revuelta que estalló como protesta a la subida del precio del billete de metro y que traslució un malestar larvado durante los últimos decenios.

Sucesivos gobiernos de centro-izquierda limaron la Constitución pinochetista (en 2005, con Lugo, se derogó la imposibilidad de destituir a los mandos militares, y en 2014, con Bachelet, se sustituyó el sistema electoral binominal por uno más proporcional), pero el corpus central del texto, que fomenta la privatización de todos los recursos básicos, quedó intacto.

Una privatización que ha empobrecido a la clase media y le ha hecho salir a la calle.

Pinochet también lo dejó todo «atado y bien atado» en 1980

La Constitución chilena fue aprobada el 11 de setiembre de 1980, siete años después del golpe de Estado contra Salvador Allende, en un plebiscito fraudulento en pleno régimen militar. Su ideólogo fue el senador de extrema derecha Jaime Guzmán, ejecutado en 1991 por un comando de izquierda.

El objetivo era que los sectores conservadores se mantuvieran en el poder tras el fin formal de la dictadura, imponiendo quorums muy altos para cualquier cambio de fondo del texto. El propio Guzmán señaló que «el objetivo es que si nuestros adversarios llegan al poder estén totalmente atados».

Pinochet sobrevivió diez años a su régimen (1973-1990) y los partidos políticos aceptaron la Constitución «por prudencia o para no poner en peligro la transición».

Un texto que consagra el papel subsidiario del Estado en recursos básicos como la salud, la educación, las pensiones y el agua, lo que dejó abiertas de par en par las puertas a su privatización.D.L.