Asier ROBLES
BILBO

Proponen crear un código de conducta para empresas armamentísticas

Un informe de Globernance sobre comercio y exportación de armas en la CAV y el papel de las instituciones vascas para la transparencia y el control de las exportaciones plantea un código de conducta para empresas armamentísticas a aplicar entre quienes se adhieran a él.

El Instituto de Gobernanza Democrática, Globernance, y el Gobierno de Lakua presentaron ayer un informe sobre el comercio y exportación de armas en la CAV y el papel de las instituciones vascas para la mejora de la transparencia y el control de las exportaciones realizado por expertos jurídicos.

El documento, que responde a un encargo de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación al Instituto de Globernance, fue presentado por la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando; el director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, Paul Ortega, y los autores del trabajo Juanjo Álvarez, José Luís Iriarte, Cayetana Santaolalla y Unai Belintxon.

Entre otras cuestiones, el informe analiza el ámbito jurídico y competencial del comercio de armas y los puertos de interés general como «premisa necesaria para determinar el papel y la competencia autonómica en esta materia dentro de la UE». En segundo lugar, estudia el marco jurídico regulatorio que se aplica al comercio de armas, su exportación y medidas de transparencia y control para la no vulneración de los derechos humanos y el derecho humanitario; a la exportación de armas a los países que son objeto de sanciones de Naciones Unidas o de la UE; y al establecimiento de mecanismos de control por parte de las instituciones vascas.

Cuatro bloques normativos

Álvarez explicó que estudiaron cuatro bloques normativos –Estatuto, Constitución Europea, reglamentos europeos y los convenios internacionales de la ONU– para ver «si hay algo donde puedan intervenir las instituciones vascas».

Iriarte indicó, en este sentido, que el Estado tiene la competencia exclusiva en cuanto al régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos, así como en materia de marina mercante y puertos de interés general, como los de Bilbo y Pasaia, por lo que las instituciones vascas «no tienen competencias en este ámbito».

Con respecto a la Unión Europea, tras recordar que, en este momento, «tiene sancionados a 35 países, así como a personas de todo el mundo relacionados con el terrorismo, el desarrollo de armas químicas y el ciberterrorismo», Iriarte explicó que las sanciones son «muy variadas» pero, «casi siempre, la sanción que se impone es la prohibición de exportar armas al país sancionado y se limita mucho también la exportación de mercancías y de servicios de doble uso».

No obstante, el estudio recoge algunas propuestas, que «dentro de su escaso marco competencial en la materia», pudieran desempeñar las instituciones vascas para la mejora de la transparencia, el control de las exportaciones.

Código ético

En este contexto, el informe constata el escaso número de empresas vascas que disponen de un Código Ético o de Conducta abierto y público referido a materias como la protección de los derechos humanos y muchos de ellos son «ambiguos y generalistas», según manifestó Santaolalla.

Los expertos proponen así el diseño y creación por parte de las instituciones de un Código de Conducta y de Transparencia sobre las buenas prácticas comerciales, «que se aplicaría en las empresas vascas del sector que se adhieran voluntariamente a esta iniciativa».

Según subrayaron los autores del estudio, dicho código podría conllevar la creación de un observatorio de los derechos humanos y el derecho humanitario, impulsado por el Gobierno de Lakua, o la creación de una Comisión de Conducta de buen comercio, integrada por representantes de las administraciones públicas, empresas del sector, clientes o usuario y sociedad civil.

Santaolalla destacó que si bien todas las exportaciones están codificadas con uso de códigos arancelarios, les ha sido «imposible» rastrear exportaciones de comercio de armas efectuadas por empresas privadas, «porque no hay información».

«Cuando hemos ido a la Agencia Tributaria estatal en busca de esa información, nos hemos encontrado con una gran opacidad y oscurantismo», manifestó. Indicó, así, que la Agencia Tributaria no está obligando a las empresas a que esas operaciones se hagan públicas.