Un grupo de diputados chilenos presentó ayer una acusación constitucional contra el presidente, Sebastián Piñera, por su presunta responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en el curso del estallido social. El documento lleva la firma de parlamentarios del Partido Socialista (PS), el Partido Por la Democracia (PPD), el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), todas formaciones de izquierda.

La acusación constitucional es un procedimiento que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado. Para que el mecanismo prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados –la mitad más uno de los votos– y un respaldo de dos tercios en el Senado.

La represión de las protestas ha dejado al menos 23 muertos y 2.381 heridos hospitalizados, de los cuales 222 tienen graves lesiones oculares-

El diputado del PS Jaime Naranjo admitió que la acusación constitucional probablemente no tiene el respaldo suficiente para prosperar, aunque resaltó que servirá para que Piñera y los próximos presidentes de Chile sepan que el «nunca más» a las violaciones de los derechos humanos «llegó para quedarse». Carmen Hertz, diputada del PC, afirmó que responde a «las graves, reiteradas, generalizadas y sistemáticas violaciones de los derechos fundamentales de las personas ejecutadas por agentes del Estado».