Cáritas Euskadi presentó ayer en Donostia su informe sobre exclusión social en la CAV, tras el publicado a nivel estatal en junio. Y los datos vuelven a ser más que preocupantes en términos cuantitativos y también comparativos (de hecho, los porcentajes de exclusión son peores que los de otras tres comunidades: La Rioja, Cantabria y Asturias).

Este VIII informe constata que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa hay 334.000 personas en situación de exclusión social, lo que supone el 15,2% de la población. Se les define como «sociedad estancada» frente a la «sociedad de las oportunidades» en la que se engloba al otro casi 85%, dado que para ellas «el ascensor de la movilidad social no funciona y no es capaz de subir siquiera a la primera planta».

Dentro de este grupo, sin embargo, hay otros dos por niveles de gravedad. Uno primero está formado por 194.000 personas en situación de «exclusión más severa» (8,8% de la población total) a las que «la acumulación de tantos problemas en la vida diaria les impide tener un proyecto vital mínimamente estructurado». La precariedad se plasma en «vivienda insegura e inadecuada, desempleo persistente, precariedad laboral extrema, deterioro de la salud...», enumera la fundación Foessa.

En un escalón aún más crítico, se estima en unas 90.000 personas las que conforman lo que el informe denomina «sociedad expulsada: Son personas preocupadas únicamente en poder sobrevivir en el día a día y a las que probablemente no lleguen los mecanismos de protección o estos no sean suficientes».

El informe desmonta también otro discurso oficial al situar a la CAV «entre el grupo de comunidades autónomas más desiguales de España», aunque en este punto no se ofrecen datos en el resumen aportado.

Cáritas explica que «es un elemento preocupante que debemos considerar. Implica por un lado que la población en exclusión social tiende a estar cada vez más alejada del conjunto de la población de la comunidad y por otro que los niveles de acumulación de dificultad de los hogares son cada vez mayores».

Riesgos relevantes

Este Foessa Euskadi 2019 apunta tres bloques principales de riesgos sociales, apostillando que «afectan con más fuerza en el País Vasco»: vivienda, salud y empleo.

Sobre el primero, apunta que el derecho a tener una vivienda digna es «inaccesible para muchas familias»; en lo que respecta a la salud, hay 69.000 hogares que han dejado de comprar medicinas, seguir tratamientos o dietas por problemas económicos; 62.000 en que todos los adultos sufren discapacidad, enfermedad crónica o problemas graves de salud; y 26.000 en que alguna persona dependiente necesita ayuda y no la recibe. En cuanto al empleo, detalla que el 11,4% de las personas que trabajan están en exclusión social. Dando la vuelta al parámetro, se certifica que el 48% de los excluidos trabajan, por lo que tener empleo ya «no es garantía de poder sobrevivir».

El informe incluye algunas consideraciones finales sobre aspectos como «la pérdida de calidad de nuestra democracia. Estamos arriesgándonos a que se vacíe de contenido ético y redistributivo». No obstante, Cáritas recuerda que «la ciudadanía sigue apoyando el Estado de Bienestar como mecanismo de protección social. Una parte ampliamente mayoritaria de la sociedad vasca (75,3%) considera que hay que destinar a los servicios sociales más dinero público que en la actualidad. De forma similar, el 75,6% de la población optaría por tener las prestaciones y servicios sociales pagando más impuestos, mientras que el 24,4% sería partidario de menos prestaciones e impuestos».