En una comparecencia ante las puertas de la oficina que Caja Rural de Navarra tiene en el centro de Donostia, la plataforma Stop Desahucios anunció que la demanda que presentarán el lunes contra la entidad será la primera de este tipo presentada ante los tribunales de la CAV.

Representantes de la plataforma y cargos de EH Bildu y Elkarrekin Podemos arroparon a Virginia Jiménez, integrante de la familia que desde hace más de un año lleva buscando un acuerdo «antes de tener que recurrir al auxilio judicial».

La mujer relató que, cuando su marido quedó en paro hace dos años empezaron a tener problemas para pagar las cuotas de 683,78 euros mensuales de la hipoteca de 142.000 euros que firmaron en 2008 para comprar el piso en el que viven en Pasaia.

Con cuatro hijos menores, de edades comprendidas entre los 2 y los 14 años, esta familia «cumple todos los requisitos sociales y económicos» para poder acogerse a una carencia de cinco años pagando una cuota reducida, afirmó la abogada Maite Ortiz, pero Caja Rural «lo rechaza incorporando nuevos requisi- tos que la ley no contempla».

«Requisitos absurdos»

Precisó que la entidad añade «requisitos absurdos» por los que la familia afectada tendría que hacer «una serie de pagos previos», algo «imposible» por su situación de precariedad económica, así como «contrario a la jurisprudencia» marcada por el Tribunal Supremo este año.

Explicó que la sentencia consideró que este tipo de «exigencias añadidas» por parte de las entidades bancarias dejaban «vacía de contenido» la propia regulación del Código de Buenas Prácticas Bancarias.

La plataforma anunció, además, la aprobación en Juntas Generales de Gipuzkoa de una declaración institucional, propuesta por todos los grupos políticos a instancias de Stop Desahucios, sobre «medidas urgentes de protección a deudores hipotecarios sin recursos».

En su declaración, aprobada ayer, las Juntas Generales ratificaron otro texto en el mismo sentido aprobado en 2017 y reiteraron su «compromiso por que las entidades financieras apliquen, a la mayor brevedad», el CBPB, «reestructuren eventuales deudas» conforme a lo previsto en este código y «eviten interponer demandas» de ejecuciones hipotecarias.

Señalaron que enviarán una carta con la resolución a todas las entidades que operan en Gipuzkoa con «un objetivo preventivo», dado que constatan que «algunas siguen incumpliendo su obligación» de informar a los deudores vulnerables de la existencia de esa opción.