La dirección del PNV está tratando de marcar diferencias con los condenados, muchos de los cuales son afiliados y simpatizantes jeltzales desde hace muchos años. Varios coincidieron en los órganos de dirección EGI y son sobradamente conocidos por los actuales dirigentes del partido.

Sin embargo, el actual presidente del EBB, Andoni Ortuzar, quiso ayer hacer como que no sabía nada de las actuaciones de ninguno de ellos. Entrevistado en Radio Euskadi, le hicieron la siguiente pregunta: «Dice la sentencia que ‘idearon la creación de una red societaria y personal organizada en torno a sí mismos para aprovechar las relaciones políticas o administrativas que mantuviesen en cada momento por su pertenencia al PNV’. ¿Nadie sospechó nada?».

Tras un suspiro y un silencio, Andoni Ortuzar respondió que «yo no estaba en esa época». Esta afirmación precisa de alguna explicación. Los hechos recogidos en la sentencia parten de 2006 y se prolongan hasta las detenciones que se produjeron en marzo de 2010. Desde enero de 2008, Ortuzar es presidente del Bizkai Buru Batzar, cargo en el que sustituye precisamente a Iñigo Urkullu, como ocurriría después, en enero 2013, al frente del EBB. En función de su cargo al frente de la organización regional vizcaina, Ortuzar era también miembro del EBB y, por tanto, corresponsable de las decisiones que se adoptaron en aquellos momentos.

Tres de los principales condenados en la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Araba son afiliados vizcainos, que han ocupado posiciones notorias, en las que resulta imposible que pasaran desapercibidos para los dirigentes del partido. Se trata de Iñaki San Juan, Josu Montes y Xabier Sánchez Robles. No cabe pensar que los miembros del BBB no tuvieran noticias de ellos.

Iñaki San Juan

Iñaki San Juan ha sido condenado a 5 años y tres meses de prisión y a una multa de 3.600 euros. Aparece al frente de Errexal y Ortzi Muga, empresas investigadas por el pago de comisiones y la admisión de contratos ficticios, muchos de ellos con el Gobierno de Lakua.

Este vizcaino inició su militancia política en EGI, organización en la que tuvo responsabilidades directivas como miembro del Consejo Nacional. Según sus propias declaraciones, representó a EGI en la Internacional Demócrata Cristiana.

Iñaki San Juan fue concejal de cultura del PNV en el Ayuntamiento de Leioa entre 1999 y 2003. Su padre había sido alcalde de la localidad vizcaina.

Después ha pasado a ser considerado como «empresario cultural». A pesar de la imputación en el “caso De Miguel”, la Administración ha seguido contratando sus servicios.

Josu Montes

Josu Montes ha sido condenado a cuatro años y cuatro meses de prisión y a una multa de 3.600 euros por sus delitos continuados de malversación de fondos públicos, falsedad en documento mercantil, cooperación necesaria en prevaricación y participación en asociación ilícita.

Durante el juicio, Josu Montes declaró que es miembro del PNV «desde los 15 años» y añadió que su familia ha militado en el partido desde hace unos ochenta años. Fue también miembro de la dirección nacional de EGI, organización juvenil en la que coincidió con varios de los ahora condenados.

Los dirigentes del PNV, entre ellos Andoni Ortuzar, no podrán decir que no saben nada de él, cuando estuvo representando al partido en diversos organismos incluso después de estar siendo investigado en esta causa. Josu Montes fue representante del PNV en el Consejo de Administración del Teatro Arriaga hasta 2013 y lo cesaron como integrante del Consejo Asesor de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Bilbo en 2015, cuando EH Bildu iba llevar el caso al Pleno municipal. Entonces Ortuzar había pasado de presidir el BBB a sentarse al frente del EBB.

Xabier Sánchez Robles

El exdirector de Juventud del Gobierno de Lakua, Xabier Sánchez Robles, ha sido condenado a 7 años y 1 mes de cárcel, por un delito continuado de malversación de fondos, falsedad en documento oficial, prevaricación y asociación ilícita.

Aunque nacido en Madrid, Xabier Sánchez Robles está imbricado en al vida interna del PNV en Bizkaia desde hace años. Es familia de José Luis Robles, que fue alcalde jeltzale de Bilbo entre 1983 y 1987. En varios medios se ha apuntado que está casado con Josune Gorospe, actual diputada en el Congreso, mujer con larga trayectoria dentro del partido y miembro del BBB. Xabier Sánchez Robles es también hermano de Isabel Sánchez Robles, que fue también diputada jeltzale en Madrid y ocupó varios cargos en la estructura jeltzale vizcaina.

Estas tres personas son pilares de la «asociación ilícita» ahora condenada, y mientras estaban ejerciendo sus actividades delictivas, Andoni Ortuzar era el presidente de la organización regional a la que pertenecían.

 

La Audiencia decidirá mañana si encarcela ya a cinco condenados

La Audiencia Provincial de Araba celebrará mañana, viernes, a partir de las 9.30 de la mañana, una vistilla para ver si encarcela de inmediato a los cinco principales condenados, tal y como ha solicitado la Fiscalía.

El Ministerio Público solicitó ayer a través de un escrito la entrada en prisión de los cinco condenados a los que se les han impuesto las penas más elevadas. Se trata, concretamente, de Alfredo de Miguel, condenado a 13 años y tres meses de prisión; de Koldo Ochandiano (siete años y seis meses de cárcel); de Xabier Sánchez Robles (siete años y un mes de cárcel); de Aitor Telleria (seis años y seis meses); y de Iñaki San Juan (cinco años y tres meses).

A esa misma hora han sido convocados también los empresarios Josu Montes, condenado a 4 años y 4 meses, e Iñaki Echaburu, al que le han caído 2 años y 5 meses, para quienes la Fiscalía solicita que se adopten medidas cautelares como la retirada de los pasaportes y la firma semanal ante las autoridades.

Fuentes de la Fiscalía apuntaron que estas peticiones de ingreso en prisión y adopción de medidas cautelares son la práctica habitual en los casos de condenas por corrupción política en la que la sentencia es superior a los cinco años de cárcel o está en la franja entre los dos años de prisión y los cinco, por lo que han negado que se trate de una situación excepcional.GARA