Los iraquíes se mostraban ayer divididos ante el anuncio de su presidente Barham Saleh, que amenazó con dejar su cargo ante la parálisis política del país. El presidente iraquí se resiste desde hace días a nombrar jefe de gobierno al candidato de la coalición pro Irán: un ministro dimisionario y gobernador controvertido.

El jueves, Saleh escribió al Parlamento que prefería dimitir antes que proponer a los diputados a Assaad al Aidani y otros políticos ya rechazados por los manifestantes.

El bloque parlamentario Irán reclama el derecho designar al jefe de gobierno como coalición mayoritaria y llama a los diputados a tomar «medidas judiciales contra el presidente por violación de la constitución».

Ayer el ayatolá Ali Sistani, figura tutelar de la política iraquí, eludió pronunciarse, alejándose un poco más de una clase política tachada de corrupta en una revuelta inédita por su magnitud. A poco de entrar en su cuarto mes, la contestación no disminuye pese a los 460 muertos y 25.000 heridos.

En su epicentro, la plaza Tahrir de Bagdad, y junto a las imágenes tachadas de todos los candidatos rechazados por la calle, una nueva pancarta agradecía a Saleh «tomar partido por las reivindicaciones del pueblo rechazando a los candidatos de los partidos corruptos».

No obstante, esa impresión no es unánime. Su posible dimisión «traerá el caos y dará aún mayor poder a los partidos sobre el país», considera Ali Mohammed, profesor, desde la provincia de Babilonia, al sur de Bagdad. La lista del ex primer ministro Haider al-Abadi, que quedó tercera en las legislativas, pidió a Saleh que reconsidere su postura.

La lista Wataniya –dominada por los suníes– aplaude la «postura cívica» del presidente, pero le pide que se quede para alentar la formación de «un Gobierno de transición reducido» que trabaje «bajo supervisión de la ONU» para sacar a Irak del actual callejón sin salida.