Desde hace demasiados años el fin de semana inmediatamente posterior a las festividades navideñas está reservado en el calendario para la movilización en favor de los presos y presas vascas, una cita que en este tiempo ha adoptado diversos lemas y caracterizaciones, y que en la última década ha adquirido dimensiones abrumadoras, sumando siempre tras la pancarta a decenas de miles de personas.

Y volverá a hacerlo esta tarde en Baiona –a partir de las 15.00 desde Lauga– y Bilbo –17.00 en La Casilla–, en una jornada que pondrá el broche a semanas de movilización casi permanente, donde pueblos y barrios han acogido todo tipo de iniciativas para ir calentando el ambiente, como los olentzeros solidarios o el canto colectivo de la canción “564” de Hertzainak, que ha rebasado el ámbito local y se ha vuelto viral en las redes sociales.

Esta frenética actividad no es novedosa, como ya se he dicho, pero sí es diferente el contexto en el que se desarrolla, marcado por una cierta esperanza en que en esta ocasión el clamor tendrá eco más allá de nuestras lindes.

Ejercer de palanca

«Ahora es el momento, porque, si no es ahora, ¿cuándo va a ser?», exponía gráficamente Joseba Azkarraga el pasado jueves.

El portavoz de Sare y exconsejero de Justicia hacía hincapié en la reciente constitución del Gobierno español, con PSOE y Unidas Podemos en inédita coalición, y destacaba que ambos partidos, en tono y forma diferente, han manifestado en el ámbito institucional vasco su voluntad de cambiar la política penitenciaria. Claro que eso ha ocurrido aquí y Madrid es otra cosa, y del PSOE ya está casi todo dicho, pero en esta ocasión además de un socio en principio más sensible en este asunto hay que sumar un panorama parlamentario en el que las dos principales fuerzas vascas –PNV y EH Bildu– han sido determinantes para lograr la investidura.

A ellas se dirigió Sare en noviembre, después de los comicios del 10N, cuando ya se intuía que el concurso de ambas sería decisivo en esta legislatura, y a ellas emplazó Azkarraga anteayer, cuando pidió que «el clamor» que se escuchará hoy en la capital vizcaina y en la labortana sea trasladado a las Cortes.

EH Bildu mostró horas después que está en esa misma línea, y en un comunicado, además de llamar a acudir a Bilbo y Baiona, valoró que con el nuevo Gobierno «se abre una ventana de oportunidad en el Estado español, también para buscar una solución a la problemática de las presas y los presos vascos», aunque apostilló que «hay que ejercer de palanca» para que Madrid enfrente ese escenario.

Escenario que de momento está lejos de alcanzarse. Los pasos dados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez mientras ha estado en funciones pueden resumirse en la progresión de grado para una treintena de presos, media docena de permisos, un puñado de acercamientos –también ha habido algunos alejamientos– y el anuncio de la aplicación del tercer grado a un preso gravemente enfermo. Escaso bagaje, que se da además en un contexto de excepcionalidad generalizada para los presos vascos.

Con todo, estos pasos también indican un marco de actuación diferente a la que mantuvo siempre Mariano Rajoy y al que sin duda tendría un Ejecutivo coliderado por PP, Vox y C’s.

La situación la resumieron perfectamente en estas páginas los abogados Iñaki Zugadi, Haizea Ziluaga y Txema Matanzas el 24 de diciembre: «Esto es como desgastar una roca con las uñas, pero vamos avanzando».

Unanimidad frente al bloqueo

Frente a esta posibilidad de cambio, aún en mantillas, hasta ahora había sido la situación en las cárceles francesas la que ha permitido hacer balances algo más optimistas. En un escenario de interlocución entre los agentes vascos y París, en los últimos años se ha producido un proceso de acercamiento a cárceles más o menos cercanas a Ipar Euskal Herria de un número importante de presos. Además, a una treintena se les ha retirado el estatus DPS –equivalente al FIES español– y a un preso se le ha permitido pasar fuera de prisión, aunque bajo control, los seis últimos meses de condena.

Como indicaba la presidenta de Bake Bidea Anaiz Funosas a GARA, es evidente que se han producido importantes avances.

Pero también es verdad que hay sectores que siguen obstaculizando cualquier paso, con la Fiscalía y la judicatura como ariete de las posiciones cerriles.

Asimismo, hace tiempo que el Ejecutivo de Emmanuel Macron se mantiene enrocado en un bloqueo –iniciado, curiosamente, tras la llegada del PSOE al Gobierno español– que ha obligado a la parte vasca a abrir un compás de espera, con el deseo de que el presidente galo sea consecuente con lo afirmado el 17 de mayo en Biarritz, donde asumió la terminología del proceso y se mostró dispuesto a ayudar.

«Esperamos que actúe con la altura histórica que requiere el momento», expuso Funosas en la entrevista, añadiendo que la interlocución vasca no tiene miedo a seguir avanzando. «Nuestro compromiso está intacto», resumió, siempre con el objetivo de abordar la siguiente etapa, que lleve a implementar alternativas que no pasen por la cárcel y recorrer todo el camino hasta llegar a un país sin presos.

Mientras tanto, la unidad de acción en Ipar Euskal Herria sigue siendo un activo importante, y en diciembre el consejo comunitario de la Mancomunidad Vasca secundó por unanimidad la moción defendida por su presidente, Jean-René Etchegaray, por la que los asistentes anunciaban que, makila en mano, hoy saldrían a la calle por los derechos de los presos. No serán los únicos, pues la cantidad de adhesiones que han recibido las marchas solo son comparables a su diversidad, cada año mayor, con el president Carles Puigdemont y el lehendakari Juan José Ibarretxe como exponentes.

«Lo logrado es sirimiri en el desierto, sí, pero con el trabajo jurídico, la iniciativa del pueblo, las movilizaciones, hay que conseguir que ese sirimiri acabe en chaparrón», afirmaban Zugadi, Ziluaga y Matanzas. Y esta tarde se esperan riadas de solidaridad.

 

Revertir urgentemente el enorme retroceso con los presos enfermos

«He logrado sacar en los años 90 a personas presas con las mismas enfermedades que otras con las que ahora no consigo un simple traslado. Hablamos de esclerosis, espondilitis, cánceres... ¿Por qué? Evidentemente, por voluntad política». De esta forma, el abogado Txema Matanzas explicaba a este diario el enorme retroceso que se ha dado en la política penitenciaria española respecto a los presos enfermos, cuya situación es de las más urgentes en un escenario global en sí mismo alarmante.

En los últimos años, la doctrina ha sido no dejar salir de prisión más que en situaciones irreversibles y terminales, aunando injusticia y sadismo a partes iguales. De este modo, el número de presos y presas gravemente enfermos es más del doble que hace solo una década, 19, y suman 85 los que tienen alguna dolencia.

«La realidad –explicaba el letrado a este diario– es que tenemos presos que no pueden ni atarse los zapatos, o alguno que se está quedando ciego, pero no se les deja en libertad porque no se mueren». Hasta que sí lo hacen: José Ángel Ochoa de Eribe falleció en octubre, apenas cuatro meses después de salir de la cárcel. La libertad de los presos enfermos será esta tarde una de las demandas más clamorosas.I.B.