15/01/2020

Alfonso Ríos
Responsable de Euskera de CCOO de Euskadi
Muros o puentes en la política lingüística vasca

Hace unas semanas CCOO de Euskadi presentó públicamente el documento ‘‘Por un país plurilingüe sin brecha de clase: propuestas para una política lingüística a favor del euskera, de la convivencia y la cohesión de la sociedad vasca’’, en el que advertíamos que el 90% de la población en paro no es capaz de hablar en euskera, y frente a ello defendemos la gratuidad de los euskaltegis, un sistema de liberaciones para su aprendizaje en las empresas privadas financiado públicamente, y una flexibilización del necesario sistema de perfiles para integrar a quienes lo desconocen, a los belarriprest y a los euskaldunes que no pueden superar exámenes de redacción (ágrafos funcionales).

Ese mismo día el Gobierno Vasco aprobó el decreto sobre política lingüística de los ayuntamientos, que se apartaba, a través de un mero decreto, del régimen de cooficialidad recogido en la Ley del Euskera de 1982.

La cobertura en nuestra radio televisión pública vasca no pudo ser más desigual. El decreto del Gobierno vasco abrió extensamente el Teleberri. Mientras nuestro informe, que visibilizaba una preocupante realidad sociolingüística sobre paro y euskera, un dato ignorado durante décadas, no mereció ningún tipo de mención informativa en ninguno de los medios de comunicación de EiTB.

¿De verdad piensa el consejero Zupiria (un euskaltzale pluralista) que hay consenso sobre esa regulación que afecta a miles de trabajadores de empresas subcontratistas de la Administración? Y todo mediante un mero decreto, sin contar con los agentes sociales.

Por el otro lado llama la atención que el PP vasco clame esta vez por la libertad de opción lingüística, cuando durante muchos años gobernando la Administración Central, no ha dado facilidades (liberaciones para el aprendizaje) para conseguir que los servicios estatales en Euskadi atendieran adecuadamente esa libertad de opción.

En todo caso, en esta polémica cruzada, ampliamente reflejada por EiTB, se ha vetado, justamente, el enfoque alternativo que defiende CCOO de Euskadi. Desde nuestro punto de vista el impulso al euskera desde los ayuntamientos requiere dar la vuelta a la menguante red de euskaltegis municipales. ¿Por qué se ha dejado un 80% del alumnado a unos euskaltegis privados infrafinanciados, que cobran unos 800 euros por curso?

Pero ni en la Ley Municipal pactada en 2016 por PNV y Bildu, ni en este decreto, nadie pensó en ampliar la escasa red de 39 euskaltegis municipales (¿cuantas escuelas municipales de música mantienen mientras tanto los 253 ayuntamientos?). Tampoco se le ocurrió a nadie priorizar el aumento de su financiación para que puedan ofrecer una matrícula asequible, como las de las escuelas de idiomas (80 euros). Queda así clara la preferencia por una política lingüística de muros (nuevas exigencias), dejando en un segundo plano los puentes (gratuidad del aprendizaje).

Terminamos rescatando otra idea postergada. El decreto en cuestión dedica, nada más y nada menos, que siete artículos a la toponimia. Bien estaría retomar la propuesta de un anterior equipo de política lingüística (del PNV). Dedicar plazas y calles al «euskaldunberri», a esas decenas de miles de personas que han dedicado esfuerzo económico y años de su vida al aprendizaje del euskera. Esa titánica contribución al avance del euskera y a la convivencia lingüística, bien merecería un reconocimiento en las calles de nuestro país y, sobre todo, en los decretos y prioridades políticas de nuestros gobernantes.