16/01/2020

La ONU, alarmada por el aumento de muertes de activistas en Colombia

La ONU denunció el aumento de los ataques mortales contra defensores de los derechos humanos en Colombia en 2019 y pidió al Gobierno del uribista Ivan Duque que investigue todos los casos. «Estamos profundamente preocupados por el significativo número de defensores y defensoras de derechos humanos que han sido asesinados», resaltó Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

GARA|BOGOTÁ
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«De acuerdo a nuestros registros, 107 activistas fueron asesinados en 2019, y nuestro equipo en Colombia sigue en proceso de verificación de 13 casos adicionales. Estamos profundamente preocupados por el significativo número de defensores y defensoras de derechos humanos que han sido asesinados», alertó en un comunicado Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en Ginebra.

La oficina de la ONU destacó el aumento de este tipo de ataques mortales desde 2018, una tendencia que sigue en 2020 con diez –diecinueve según otras fuertes– activistas fallecidos de forma violenta en los primeros 13 días de enero.

La ONU pidió al gobierno de Iván Duque un «extenuante esfuerzo» para prevenir estos ataques, para investigar «todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables», en lo que tildó de «ciclo vicioso y endémico de violencia e impunidad».

El martes, la Defensoría del Pueblo informó de que al menos 555 líderes sociales murieron en el país entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de octubre de 2019, lo que «deja una honda herida a los derechos humanos y a la democracia de Colombia», afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret. Expresó su «especial preocupación por la violencia contra las defensoras de derechos humanos y lideresas sociales» al subrayar que, «si bien entre 2018 y 2019 hay una ligera tendencia a la baja en la cifra global, en el caso de la mujer hemos visto un aumento exponencial». Instó a las autoridades estatales a actuar con «celeridad y diligencia», y a la sociedad a reconocer la labor de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, protegiéndolos sin estigmatizarlos».

La ESMAD, en el punto de mira

La Procuraduría General de la Nación consideró que la Escopeta calibre 12 «representa un serio peligro para la comunidad» y, por tanto, no debería ser utilizada por el Escuadrón Móvil de Antidisturbios (ESMAD) contra los manifestantes. Así lo puso de manifiesto la entidad en un comunicado que emitió el martes. Este tipo de armamento fue el responsable de la muerte del estudiante universitario Dilan Cruz, de 18 años.

El organismo «solicitó al director de la Policía Nacional suspender de manera inmediata» el uso de este tipo de armas porque «vulneran la Constitución».

 

Un nuevo escándalo de escuchas sacude a las FFAA

El presidente del Tribunal Supremo de Colombia, Álvaro García, pidió el martes que se lleve a cabo una investigación «especial» sobre el escándalo de espionaje a periodistas, políticos, jueces y militares por parte de las Fuerzas Armadas e instó a llegar a la «verdad del delicado episodio». Según la investigación de la revista “Semana”, en el último año, dentro del Ejército se habría ordenado realizar múltiples interceptaciones de comunicaciones sin ningún tipo de orden ni justificación legal. Entre las víctimas estarían Roy Barreras, senador del Partido de la U; Camilo Romero, exgobernador de Nariño, y Cristina Lombana, magistrada de la Corte Suprema.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, instó a Duque a reconocer «la gravedad y la sistematicidad del problema». Colombia ya se vio inmersa en un escándalo de espionaje hace casi una década por las escuchas telefónicas realizadas por el ya extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el Gobierno de Álvaro Uribe a rivales políticos de todo tipo.GARA

LESA HUMANIDAD

La fiscalía especializada contra las violaciones de los derechos humanos consideró un delito de lesa humanidad el homicidio y tortura el 28 de agosto de 2001 del profesor universitario Jorge Adolfo Freytter Romero a manos de grupos paramilitares y declaró el delito imprescriptible.