Asier VERA
NUEVA ETAPA POLÍTICA EN GUATEMALA

La ultraderecha se expande y llega a Guatemala con Giammattei

La ultraderecha sigue imparable en América y ahora es el turno de Guatemala, donde Alejandro Giammattei tomó posesión como presidente el 14 de enero. Su primera medida ha sido militarizar las calles de dos municipios para combatir el fenómeno de las pandillas, a las que quiere declarar «terroristas», restringiendo las libertades ciudadanas.

La ultraderecha se expande en América. Tras Bolivia ha llegado Guatemala, de la mano de su nuevo presidente, Alejandro Giammattei, quien ya en su toma de posesión dejó claras las líneas que marcarán su política exterior e interior.

«No vemos a Israel como un país amigo, sino como un aliado que nos ha defendido, y también nos toca defenderlo; por eso, sus enemigos son nuestros enemigos», recalcó en una sinagoga Giammattei, que sucede al cómico Jimmy Morales. En sus primeros días de mandato, ha dejado claro cuál será su política exterior al reconocer a Jerusalén como «capital eterna» de Israel y comprometerse a mantener la Embajada en la ciudad santa «pase lo que pase».

Morales decidió que Guatemala fuera el primer país después de EEUU en trasladar, en mayo de 2018, su legación diplomática de Tel Aviv a Jerusalén, lo que Giammattei se ha comprometido a no variar al tiempo que recalca que «siempre va a ser una prioridad» mantener los lazos entre ambas naciones.

Al mismo tiempo, el nuevo presidente ha roto relaciones con Venezuela y cerrará de forma definitiva su Embajada en Guatemala al no reconocer al Gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, a su investidura solo invitó a una representante del autoproclamado presidente Juan Guaidó, lo que provocó la inmediata reacción del canciller venezolano, Jorge Arreaza, quien criticó que Giammattei «se ha lanzado a los pies de Donald Trump de inmediato» y auguró que «su Gobierno se convertirá en otro chiste de mal gusto que veremos pasar y secarse».

Ya en su toma de posesión, dejó ver el tinte ultraderechista que se ha expandido en los últimos años por América. Tras jurar ante la Biblia y no ante la Constitución, el nuevo mandatario, médico de 63 años, anunció una propuesta de ley en el Congreso para declarar grupos «terroristas» a las pandillas. Avanzó que, a partir de ahora, se va a combatir a las pandillas «como lo que son: grupos antisociales que siembran el terror».

Para acompañar este combate anunció otra iniciativa que consiste en impulsar la regulación de la actuación de las fuerzas de seguridad con el objetivo de que «puedan hacer su trabajo con todo el respaldo del Estado». «Hoy, un policía tiene miedo a usar su arma», lamentó Giammattei, que pidió a los agentes que «nos defiendan» porque «el Estado los va a defender a ustedes». Así, apostó por limitar las posibles consecuencias legales derivadas del empleo de sus armas por parte de las fuerzas del Estado en aras a garantizar la seguridad en un país donde se producen más de 3.000 muertes violentas al año.

Asimismo, Giammattei, que defiende la pena de muerte, anunció un incremento anual de 1.500 militares, hasta sumar 6.000 más cuando finalice su mandato, en 2024, para garantizar «el orden interno».

Por ahora, y como primera medida acordada por el Consejo de Ministros, ha comenzado a militarizar las calles enviando mil soldados y mil policías para «menguar la creciente criminalidad» en dos municipios en los que el viernes declaró el estado de prevención por seis días. Avisó, además, de que extenderá esta iniciativa al resto del país, lo que le permitirá militarizar los servicios públicos y centros de enseñanza, prohibir o impedir el derecho de huelga, o disolver por la fuerza toda reunión o manifestación con el pretexto de combatir a las pandillas, las extorsiones y el sicariato.

En sus primeras 72 horas de Gobierno, también prometió una «cruzada por la nutrición», ya que «tenemos a un millón de niños menores de cinco años con hambre a día de hoy y a quienes condenamos a la muerte o a deficiencias mentales».

Giammattei no es nuevo en la política, ya que era la cuarta vez consecutiva que concurría a las elecciones y, además, ya formó parte del Gobierno como director del Sistema Penitenciario entre 2005 y 2007. Cuando ocupaba este cargo, en 2006, siete reclusos murieron en la toma de una cárcel, lo que le llevó diez meses a prisión acusado de ejecución extrajudicial, aunque la investigación en su contra se cerró por falta de indicios.

La solicitud de detención realizada por la Fiscalía el jueves, coincidiendo con la investidura presidencial, del exministro de Economía Acisco Valladares por un caso de corrupción ha marcado el inicio de la actuación judicial contra el Gobierno saliente. Su jefe, Jimmy Morales, ha evitado por ahora su arresto gracias a la premura con la que tomó posesión como diputado del Parlamento Centroamericano, lo que le garantiza cuatro años más de inmunidad.

Nada más dejar la Presidencia, Morales se dirigió a la sede del Parlacen, aunque el pleno fue trasladado a un hotel de la capital para sortear una protesta contra su toma de posesión. Sin embargo, a su llegada al hotel, decenas de manifestantes le estaban esperando para impedir su acceso al pleno y tratar de evitar que lograra inmunidad de forma que fuera investigado y detenido por la muerte de 41 niñas y las heridas graves a otras 15 en el incendio de un hogar de protección del Estado en 2017 y por dos casos de corrupción relacionados con financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015.

Las cargas policiales evitaron que lo consiguieran.