Una comisión creada a instancias del Gobierno birmano reconoció ayer que la minoría musulmana rohinyá fue víctima de crímenes de guerra en 2017, pero negó que hubiera una «intención genocida» como aseguran investigadores de la ONU.

Las conclusiones de la comisión fueron recibidas con escepticismo por Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), que cuestionaron su imparcialidad y criticaron que se culpe a soldados individuales y no a los responsables militares.

Tras entrevistar a unos 1.500 testigos, la Comisión Independiente de Investigación (ICOE) afirmó que se produjeron «crímenes de guerra» y «serias violaciones de los derechos humanos» durante la campaña de las fuerzas de seguridad birmanas contra la minoría rohinyá en verano de 2017 en el estado de Rakhine, después de los ataques del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA) contra puestos policiales y fronterizos.

Señaló que miembros de las fuerzas de seguridad estuvieron involucrados en «la matanza de aldeanos inocentes y la destrucción de sus hogares (…) a través del uso desproporcionado de la fuerza». Pero dijo no haber hallado pruebas de que las matanzas y desplazamientos tuvieran la intención de destruir, en su totalidad o parcialmente, a la comunidad musulmana o cualquier otra en el norte de Rakhine, por lo que desestimó la acusación de genocidio.

Se calcula que vivían en Rakhine algo más de un millón de rohinyás, pero más de 725.000 se exiliaron a Bangladesh tras las operaciones militares.