Si se aprueban los presupuestos para el 2020, se destinarán a Educación 757 millones de euros, sumando las partidas para el Departamento de Educación y Universidad. En total serán 77 millones más los que se inviertan en el área de educación, un 12% más que en el año 2019. Esta subida sería positiva si no hiciéramos una lectura más profunda de estos presupuestos.

En primer lugar, hay que decir que el peso que tiene Educación en los presupuestos generales bajará de un 17% en 2019 a un 16%.

Por otra parte, solamente se destinará el 3,6% del Producto Interior Bruto de Nafarroa (PIB) a la partida de Educación, todavía muy lejos del 6% que recomienda la Unesco; lejos incluso del 5% al que se comprometió el Gobierno en el acuerdo programático. Únicamente para llegar en el 2023 a este 5% se debería invertir cada año un 0,4% más, y en estos próximos presupuestos subirá un escaso 0,27%. En concreto, son necesarios 38 millones de euros más para cumplir este compromiso.

Además, se deben dedicar más recursos económicos para que los acuerdos recogidos en el Pacto por la Mejora de la Calidad Educativa de la Enseñanza Pública de Nafarroa se implementen, pero visto lo visto en la última Mesa de Seguimiento del Pacto del 15 de enero, quedó claro que la subida solamente daría para pagar lo conseguido durante el año 2019 después de muchas movilizaciones y negociaciones: disminución de horas de docencia directa, cobro del grado de antigüedad para el personal contratado o el cobro del verano para el personal sustituto. Sin embargo, no se prevé dinero para lo acordado respecto a la reducción de horas lectivas por edad, la extensión del euskera a ciertos estudios (Formación Profesional, Educación Artística, Educación para Adultos, entre otras), o la adaptación de los centros escolares a la emergencia climática.

Para terminar, la subida que se ha dado en el primer ciclo de Educación Infantil 0-3 refleja lo siguiente: una subida de un millón para las Escuelas de Educación Infantil. En contraposición, los centros privados concertados recibirán cinco millones más que en 2019. Los gobiernos deberían dedicar prioritariamente el dinero público para financiar los servicios públicos, garantizando, de este modo, la universalidad y gratuidad imprescindible de la etapa más importante para la formación de las personas. En contraposición, este año también, vemos que los privilegios de la red concertada siguen subiendo. Estos no son unos presupuestos sociales, de ninguna forma. Para que estos presupuestos tengan de verdad un carácter social, tal y como proclama el Gobierno, es imprescindible una mayor inversión en Educación. Este es el momento para que el Departamento de Educación demuestre la responsabilidad que tiene hacia la enseñanza pública, facilitando la inversión necesaria para cumplir todas las medidas firmadas en el Pacto. Ya que la actual subida no es suficiente para llevar a cabo los acuerdos, muchos de los cuales ya deberían haber entrado en vigor.

Por último Steilas exige, nuevamente, una medida urgente: una ley de financiación de la educación pública que garantice que un mínimo del 6% del PIB se destine a educación, sin estar a merced de los vaivenes políticos o económicos.