Amedida que los conflictos, la violencia y las vulneraciones de los derechos humanos en muchas partes del mundo impulsan el desplazamiento humano a gran escala, el número de personas que buscan protección y seguridad en Europa ha crecido considerablemente en los últimos años, aunque no todos los países responden igual.

Las autoridades españolas solo han ofrecido protección internacional en 2019 al 5% (3.165) –20 puntos menos que el año anterior– de las 118.264 personas que solicitaron asilo, un índice de reconocimiento del asilo muy alejado de la media europea, que se sitúa en torno al 30% de respuestas favorables, según los datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). La tasa del Estado español ya era una de las más bajas de la Unión Europea (UE) en 2018, cuando se tramitaron la mitad de solicitudes (54.075). Ahora solo ofrece protección a uno de cada veinte solicitantes de asilo.

La Oficina Europea de Estadística (Eurostat) recoge más de 420.000 solicitudes de asilo en Europa y sitúan a Alemania al frente de su recuento de 2019 con 165.615 peticiones. Aunque la agencia europea solo ha podido recabar cifras de una decena de países, a la zaga le siguen el Estado español, con casi 117.795 solicitudes –un volumen algo menor que el ofrecido por CEAR–, y Grecia, con 77.280.

Alemania es líder también en concesión del estatuto de refugiado, con 45.050 (27%) resoluciones positivas, pero en este caso es Grecia y no el Estado español –segundo en número de solicitudes– el país que le sigue, con 13.515 (17,5%), un Estado más pequeño en territorio y población y con un peso económico menor. El Estado español, una de las principales puertas de entrada a Europa junto a Grecia, Italia y Malta tras el cierre de la ruta de los Balcanes, ni siquiera ocupa el tercer lugar pese a seguir a Alemania en número de solicitudes, ya que, según Eurostat, ha concedido el estatuto de refugiado en 1.640 casos (1,39%) –una cifra ligeramente inferior a la ofrecida por CEAR–. De la decena de países citados, le superan Austria (5.620), Suecia (3.295, 13%) y Noruega (1.645, 73%), con muchas menos solicitudes.

En Hego Euskal Herria, el número de peticiones de protección internacional ascendió a 3.395 en Bizkaia, 891 en Araba, 709 en Nafarroa y 540 en Gipuzkoa. Un total de 5.535, lo que supone 3.616 peticiones más que las 1.919 registradas en 2018 en el sur del país.

El Estado español volvió a registrar otro récord de peticiones (el 80% de ellas de personas procedentes de América Latina), pero siguen pendientes de resolución 133.015 expedientes. Según CEAR, de los 60.198 casos resueltos, se dio estatuto de refugiado en 1.653 ocasiones (a salvadoreños, hondureños y personas procedentes de Marruecos, sobre todo) y se ofrecieron 1.503 protecciones subsidiarias (a sirios, yemeníes y palestinos, principalmente); en total, 3.156 personas.

Ambas fórmulas son los dos tipos de protección internacional que contempla la Convención de Ginebra para los refugiados. El primero exige una serie de requisitos vinculados al temor fundado a que la persona solicitante vaya a ser perseguida en su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia de determinado grupo social, de género u orientación sexual, mientras que la protección subsidiaria se dispensa a quienes no reúnen esos requisitos pero corren un riesgo real de muerte o tortura si regresan a sus países de origen.

Pero el Estado español concede también protección por razones humanitarias, un permiso de residencia temporal a solicitantes de asilo cuya petición ha sido denegada para que puedan vivir y trabajar de forma regular durante un año prorrogable. En este capítulo, CEAR constata un avance respecto a años anteriores en la concesión de 39.776 permisos (66% de las resoluciones), la inmensa mayoría a personas de nacionalidad venezolana, y de forma muy residual también de Ucrania, El Salvador, Honduras o Colombia.

En torno a un tercio de los solicitantes llegados al Estado español, el grupo más numeroso, era de Venezuela (40.906), por delante de Colombia (29.369), Honduras (6.792), Nicaragua (5.931) y El Salvador (4.784). Casi la totalidad de venezolanos vieron denegadas sus solicitudes de protección internacional, pero se beneficiaron del permiso humanitario.

No así quienes vienen de Colombia, donde la violencia, que no desapareció, se ha reactivado. Ni quienes huyen de las maras en América Central. Ni siquiera quienes llegaron a bordo de los barcos Aquarius y Open Arms, huyendo del infierno que vivieron en Libia.

Particularmente alarmante

Atendiendo a la situación que se vive en ambos países, el trato favorable a los venezolanos es sangrante a la vista de lo que ocurre con los colombianos. De las casi 30.000 peticiones presentadas en 2019 solo 48 personas obtuvieron estatuto de refugiado –el mismo número que venezolanos– y 10 protección por razones humanitarias, frente a las casi 40.000 otorgadas a las personas procedentes de Venezuela. 5.168 colombianos vieron denegadas sus solicitudes por 205 venezolanos.

Por eso, CEAR cree particularmente alarmante que no se reconozca ningún tipo de protección a estas personas.

Samuel (nombre ficticio) es un activista colombiano de 37 años cuya vida, y la de su familia, es una de las que se decidirá en los más de 120.000 expedientes pendientes de resolución. Abandonó Colombia tras sufrir un sinfín de amenazas por parte del grupo paramilitar Águilas Negras. Después de una devolución en el aeropuerto de Barajas tras no ser admitida su solicitud de asilo, consiguió volver al Estado español en marzo de 2019 y entonces sí fue admitida su petición.

La externalización de fronteras llevada a cabo por los estados europeos con terceros países (como Marruecos o Libia) para controlar que las personas no lleguen y la política de visados impuesta por el Estado español están determinando el perfil de los solicitantes de asilo. Ahora, la mayoría de las personas entran por aeropuertos y provienen de Latinoamérica. Venezolanos y colombianos lideran el ranking de las diez nacionalidades con más solicitantes de asilo en el Estado español. Les siguen, a distancia, hondureños, nicaragüenses, salvadoreños y peruanos. Y cierran la lista Marruecos, Siria, Ucrania y Georgia.

En el caso de Hego Euskal Herria, el patrón se repite y la radiografía es muy similar. La mayoría de solicitantes son de Venezuela, Nicaragua, Colombia, Honduras y Georgia.

Estrella Galán, directora de CEAR, destaca que «resulta indefendible que España imponga obstáculos como el visado de tránsito a quienes que huyen de países que viven graves conflictos y no tengan otra forma de solicitar asilo en nuestro país que arriesgando sus vidas poniéndolas en manos de traficantes de personas». Una política que, denuncia, «está determinando el perfil de los solicitantes de asilo en nuestro país, dificultando enormemente la llegada de nacionales de Siria, Yemen o Palestina, entre otros, al imponerles un visado de tránsito. De este modo, estas decisiones se convierten en la práctica en una herramienta selectiva de control de fronteras» y les condena a recurrir a rutas cada vez más peligrosas.

El caso más reciente es el de los yemeníes, inmersos en una guerra civil que dura ya cinco años que ha causado más de 200.00 muertos. Hasta el 1 de enero, un refugiado de Yemen podía comprar un billete de avión a un tercer país y aprovechar la escala en el Estado español para pedir asilo en un puesto fronterizo, pero desde esa fecha se le exige un visado de tránsito a los que quieran formalizar el trámite en los aeropuertos del territorio.

CEAR ve preocupante que solo el 6% de las peticiones se presentaran en puestos fronterizos (7.020) y únicamente 307 en embajadas y consulados, limitadas exclusivamente a extensiones familiares. El 2% se realizaron en Centros de Internamiento de Extranjeros.

Esas dificultades y la falta de vías legales que permitan acceder a las fronteras españolas sea por vía marítima, aérea o terrestre, en particular a las oficinas de asilo de Ceuta y Melilla para las personas de origen subsahariano, que deben arriesgar de nuevo sus vidas intentando saltar las vallas coronadas por concertinas, han convertido al Estado español en un verdadero fortín para los refugiados, obligados a optar por vías que además de tener un infinito coste humano para miles de personas están fortaleciendo probablemente la migración irregular.

 

Manifestación para recordar a los muertos del Tarajal

Cientos de personas de diferentes colectivos, asociaciones y entidades participaron ayer en Ceuta en una marcha para recordar a los 15 migrantes subsaharianos que murieron el 6 de febrero de 2014, cuando trataban de llegar a nado desde Marruecos y fueron recibidos a pelotazos por la Guardia Civil.

Bajo el lema «Frente a vuestros muros, creamos puentes», los participantes en la el título VII Marcha por la Dignidad recorrieron los 3,4 kilómetros que separan el centro de la ciudad de la playa del Tarajal de Ceuta, donde aparecieron tres de los cadáveres aquella fatídica mañana.

En el transcurso del recorrido, durante dos horas y media, corearon consignas como «Devoluciones en caliente, para el presidente», «No más muertes en las fronteras», «Ninguna persona es ilegal», «No olvidamos Tarajal» o «Marlaska, salta la valla».

Los asistentes a la marcha reclamaron, por encima de todo, «justicia» por los hechos acontecidos hace seis años en la frontera del Tarajal.GARA