Veinte sindicalistas del SAT andaluz serán juzgados a partir de este miércoles en Sevilla. Junto a la Fiscalía, Mercadona actúa también como acusador. En total, reclaman 32 años de prisión para los acusados. El delito por el que se les acusa no es otro que la acción de denuncia y expropiación de alimentos que realizaron en un supermercado de Écija en agosto de 2012. La protesta se llevó a cabo hace ya ocho años, en un contexto en el que el Estado español estaba sumido en una profunda crisis económica caracterizada por los recortes sociales mientras se producían millonarios rescates de bancos.

Según explica a GARA Néstor Salvador, secretario nacional de Áreas y Sectores del SAT el objetivo era «denunciar públicamente que en Andalucía había hambre. 300.000 familias estaban en situación precaria, según datos de Caritas. El paro llegaba al 30% y el paro juvenil al 70%. La crisis es sistémica en Andalucía, pero en esa época se llegó a límites de escándalo».

El objetivo de la acción era claro: visibilizar y poner cara a quienes más dramáticamente estaban sufriendo las consecuencias de la crisis. «En esa época, los medios de comunicación solo hablaban de la deuda, de Standard & Poors o los bonos. Queríamos que hablaran también de lo mal que se estaba pasando».

Curiosamente, ese mismo día los sindicalistas del SAT llevaron a cabo en otra localidad andaluza, Arcos de la Frontera, una acción similar. Entraron en un supermercado y expropiaron alimentos para destinarlos a la ciudadanía más duramente afectada por la crisis. Sin embargo, la multinacional propietaria del comercio, Carrefour, no presentó denuncia y la cosa quedó ahí.

En el caso de Écija, en cambio, sí que hay denuncia de Mercadona y varios sindicalistas del SAT corren el riesgo de ser encarcelados. Hay que tener en cuenta que el SAT se caracteriza por ser un sindicato combativo y muchos de sus afiliados sufren la represión por haber participado en piquetes, ocupaciones de fincas o expropiaciones de alimentos como la que se juzgará en Sevilla.

Es el caso, por ejemplo, de Andrés Bódalo, que acaba de abandonar la prisión recientemente, o Francisco Molero, condenado previamente por participar en la protesta Rodea el Congreso en Madrid y que actualmente está encarcelado en Málaga. El secretario general del SAT, Óscar Reina, o el mismo Néstor Salvador, son otros de los enjuiciados que se sentarán en el banquillo de los acusados.

Para Salvador no es casualidad que Mercadona haya puesto la denuncia contra los miembros del SAT, ya que esta empresa mantiene prácticas antisindicales «como hace El Corte Inglés» y las condiciones laborales son pésimas. «Buscan venganza y han optado por la mano dura», subraya.

Salvador destaca que en el SAT tienen claro que este proceso es un nuevo intento de silenciar y desactivar el sindicalismo combativo en Andalucía. Se trata de una causa en la que «los daños» provocados a la multinacional Mercadona –que ganó 593 millones de euros en 2018– ascienden a 1.400 euros. Es lo que cuestan la docena de carros llenos de comida que sacaron del supermercado. Cada uno de ellos son unos cien euros. Arroz, pasta, leche y aceite era lo que, básicamente, llenaba los carros. Su destino eran familias desahuciadas que habitaban la okupada Corrala Utopia.

Junto a ello, Salvador destaca que se ha producido una dilación indebida en el caso, ya que se van a juzgar hechos de hace años. «No cumplen sus propios trámite y a la gente ni siquiera le llegan las notificaciones. Todo esto condiciona la vida de la gente, que ha estado estos años esperando al juicio, con todo lo que ello supone. Estamos hablando de una causa simple, esto no es un macrosumario».

El sindicato, ha ingresado ya en las cuentas del Juzgado esos 1.400 euros para hacer frente a la responsabilidad civil. También han ingresado 2.629 euros para pagar una indemnización a tres trabajadoras del supermercado que sufrieron lesiones en la protesta. Es evidente, por tanto, que la económica no es la principal razón por la que se juzga a los sindicalistas del SAT, sino que lo que se busca es impedir que acciones similares puedan repetirse con la amenaza de la represión. «No han podido con el sindicato en 40 años y ahora tampoco lo van a conseguir», subraya Salvador, que recuerda que tienen una larga historia de lucha

Salvador defiende acciones como la de Écija y la enmarca en la desobediencia civil. Son 20 los enjuiciados pero participaron más de un centenar. «Visualizamos un conflicto político. Y lo hicimos de manera pública, ante los medios. Conseguimos que se hablara de lo que queríamos. La gente entendió la acción. Y fue algo justo».

Este fin de semana, se han convocado movilizaciones de apoyo a los enjuiciados en Andalucía. Salvador subraya asimismo que han recibido solidaridad de varios puntos del Estado español, como Asturies, Extremadura o Catalunya. También desde Euskal Herria. En la huelga del 30 de enero, un grupo entró en el Mercadona de Barañain y desplegó una pancarta en apoyo a los 20 sindicalistas del SAT que el miércoles serán juzgados.