El Consejo de Ministros autorizó ayer la compra por parte de la sociedad pública Enresa de 44 contenedores para almacenar los residuos nucleares de la central de Garoña, situada junto a la muga con Euskal Herria y parada desde diciembre de 2012.

Según informó Enresa en un comunicado, en total se invertirán 127,6 millones de euros en la compra de 44 contenedores adjudicados a Equipos Nucleares, S.A. (ENSA). Estos contenedores podrían estar listos para el año 2023 y se sumarán a los cinco adquiridos hace ya ocho años.

Su coste correrá a cargo del fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), y se depositarán en el Almacén de Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear burgalesa, erigido en el año 2017.

El pasado mes de noviembre se licitó el proyecto de modificación de este ATI, que cuenta con autorización para un máximo de diez contenedores. Ahora se debe analizar si la instalación actual, una superficie pavimentada 5.200 metros cuadrados y dos losas sísmicas de 800 metros cada una, puede acoger los contenedores, o si es preciso realizar una ampliación.

En total, el ATI deberá albergar 49 contenedores –los cinco encargados en 2012 y los 44 que se han autorizado ahora– en los que se depositará el combustible nuclear que se almacena en la piscina de Garoña. A estos se sumarán seis contenedores más, en los que se guardarán residuos especiales derivados del desmantelamiento de la central, que, según el subdelegado del Gobierno español en Burgos, Pedro de la Fuente, comenzará el año que viene y se prolongará durante una década.

Estos plazos coinciden con la respuesta dada en agosto por el Gobierno español al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. En concreto, Madrid indicó que el desmantelamiento se ejecutará en dos fases. La primera, con una duración estimadas de tres años, comenzará a mediados de 2021, y la segunda, que se prolongará durante siete años, arrancará a mediados de 2024.

No obstante, todavía no se ha informado de un plan concreto para desmontar este bloque de hormigón que se levanta a orillas del Ebro. Según la información aportada por Europa Press, Enresa y Nuclenor trabajan para planificar y acometer el desmantelamiento «a la mayor brevedad posible», lo que pone de manifiesto que la negociación no se ha cerrado.

Recelos en Araba

El aumento de los contenedores para albergar los residuos nucleares y la demora en el inicio de las labores de desmantelamiento suscitan dudas en Araba, que en numerosas ocasiones se ha posicionado contra la central.

En noviembre las Juntas Generales del herrialde instaron a las instituciones competentes a que impulsen los trámites y las actuaciones necesarias, «con la mayor celeridad posible», para desmantelar Garoña. Y reclamaron que la central no se convierta en un cementerio nuclear. Además, pidieron a Lakua y a la Diputación que vigilen el proceso de desmantelamiento.

La enmienda transaccional, aprobada por unanimidad, fue fruto de una iniciativa defendida ante el pleno por el portavoz de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo, que alertó de que los contenedores podrían albergar más de 2.500 componentes de alta radioactividad que se almacenarían junto a las aguas del Ebro hasta 2032, «con el riesgo que ello conlleva».

A este respecto, conviene recordar que a mediados de 2017 el CSN detectó en una inspección rutinaria el rastro de un vertido de cesio radioactivo junto al almacén temporal de bidones y residuos. Al parecer, se trataba de un vertido antiguo que «no se detectó en su momento o no se descontaminó adecuadamente». La contaminación fue hallada debajo de tres contenedores de hormigón que no se habían movido desde 2009.

El elemento detectado en el vertido era cesio-137, un componente muy peligroso que hace 30 años provocó la muerte de más de 60 personas en Goiania (Brasil). Ahora, el material radiactivo que alberga Garoña quedará en una explanada de hormigón, a pocos metros de las aguas del Ebro.