Daniel GALVALIZI
Periodista

La crisis del coronavirus, un desafío al acuerdo PSOE-Podemos

El nuevo escenario económico y social puede poner en cuestión algunos de los objetivos pactados entre los socios de Moncloa. Regulación de alquileres y reforma laboral, seguras batallas.

Aquel sábado 7 de marzo, el del Consejo de Ministros interminable que acabó con el decreto del estado de alarma, sirvió como una primera muestra. En la primera crisis seria que tuvo que enfrentar el Gobierno de coalición ya se vislumbraron no sólo las trincheras de conflicto entre los bandos sino las armas con la que se iba a pelear: mientras ocurría el encuentro, algunos ministros filtraban a los medios las divergencias para ejercer presión.

Unidas Podemos tomó nota. En su dirección creen que la vicepresidenta, Carmen Calvo, y la ministra de Economía, Nadia Calviño, por diferentes motivos cada una, boicotean el trabajo de sus socios de coalición filtrando sesgadamente los desacuerdos (tema alquileres y proyecto de libertades sexuales, citan como ejemplo).

Pero de lo que también tomaron nota es de que en el PSOE cuentan con aliados inesperados, como el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cabeza visible de los socialistas que se alinearon con los morados desde aquel Consejo de Ministros. «Es una lucha entre tecnócratas y políticos», señalan a GARA desde la Vicepresidencia Segunda.

Esa puja, típica de toda coalición, marca los tiempos de un Ejecutivo que enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes y la mayor destrucción de empleo en mucho tiempo. Los objetivos del pacto PSOE-UP serán probablemente retocados y la propia gestión de esta crisis muestra que esa evolución es impredecible.

El escudo social, primer round. La protección a los ciudadanos por los daños económicos supuso un primer triunfo al ala más progresista. Fuentes conocedoras de lo debatido en aquel extenso cónclave explicaron a GARA que Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pusieron reparos para abrir el grifo al gasto público. La titular de Economía dejó entrever, incluso, que podía marcharse. Finalmente, el Gobierno aprobó ayudas para las familias y autónomos y moratoria de hipotecas y créditos..

La coalición irá un paso más allá y en los próximos días se encamina a probar una renta mínima vital (entre otras medidas), la cual fue confeccionada la semana pasada por la nueva entente: hubo reuniones entre Escrivá, Iglesias y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, según confirmaron a GARA fuentes de la Vicepresidencia Segunda. «Había proyectos distintos en las tres carteras y hubo una puesta en común», explican.

Pero fueron las ayudas a los inquilinos el corazón del conflicto entre los ministros morados, Escrivá y el ala más política del PSOE, con Calviño, Montero y José Luis Ábalos (con competencias en Vivienda). Los primeros querían que el Estado se haga cargo del pago de los alquileres de quienes no pueden pagar y que esa ayuda vaya disminuyendo según la cantidad de propiedades del propietario, pagando menos a quienes tengan más (un golpe a los fondos buitre). El ala de Calviño cree que eso dispararía el gasto y el déficit y piden que se ofrezcan créditos a tasa cero a los inquilinos que no puedan pagar.

La presión social por la destrucción de empleo jugó aparentemente a favor de los primeros, chocando con los portavoces del statu quo y sus medios, que ponderan a Calviño como su hada protectora haciéndole un flaco favor. Desde el Gobierno ya anticipan que antes de Semana Santa es improbable que haya un acuerdo. Según fuentes de la Vicepresiden- cia Segunda, el PSOE «aceleró los tiempos» y llegó a un acuerdo mixto sobre alquileres, que se presentará hoy tras el Consejo de Ministros.

La agenda futura, en disputa. «Lo que ha pasado ha alterado todo, no solo la agenda del Gobierno, va a condicionar el futuro del país. Lo que pretende el PSOE es que los grandes perdedores que la crisis va a generar no sean los sectores más desfavorecidos. Es evidente que esta crisis pasará de sanitaria a económica y luego a social», dice a GARA el delegado del Gobierno en Madrid y secretario general del PSM, José Manuel Franco.

Además, considera que la coalición ahora debe «trabajar por reforzar el sistema sanitario», para lo cual lamenta que el Estado tenga «pocas competencias», y recalca: «No cabe la menor duda que esto carga de razones a los que apostamos por un Estado de bienestar fuerte». Preguntado sobre si el sector más liberal de los socialistas se alineará con este objetivo, responde: «Ahora mismo, todos estamos convencidos de ello».

Por su parte, un miembro de la dirección de Podemos cercano a Pablo Iglesias, que pide el anonimato, asegura al responder a la pregunta de GARA sobre el impacto en la agenda de la coalición que la crisis actual «no sólo cambia las prioridades y la agenda, sino que lo cambia todo y ocupará la actual legislatura al completo, obligando a redoblar esfuerzos para construir un escudo social».

Desde la Vicepresidencia Segunda dejan trascender que, además de la «concentración absoluta en aplicar políticas que ayuden a salir de esta crisis en forma decente», marcando un contraste con lo ocurrido en 2008, es importante «potenciar al trabajador». En ese sentido, auguran que «la reforma laboral ahora mismo hay que hacerla con más razón», además de impulsar una ley de la infancia.

José Manuel Franco no piensa lo mismo. A su juicio, «la reforma laboral no va a ser la misma que la que tenía el Gobierno entre sus planes, se tratará de llegar a una salida que consiga el mayor grado de acuerdo entre trabajadores y empresarios. Sumar elementos de fricción ahora no sería lo mejor».

Además de la regulación de alquileres y de la reforma laboral, constan en el pacto de investidura objetivos como una ley integral de transición ecológica, subir el salario mínimo a 1.200 euros antes de 2024, avances en memoria histórica y el diálogo con Catalunya. Ahora todo pasará por el prisma de la pandemia y la sostenibilidad económica.

Y enfrente, la oposición, que como en toda gran crisis humanitaria, tiene un margen de maniobra menor para cuestionar al Ejecutivo. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha amenazado con no apoyar los nuevos decretos de Pedro Sánchez si no hay modificaciones porque los considera una imposición «de agenda radical» que hace «pagar el coste a las empresas».

Fuentes del grupo parlamentario del PP respondieron a GARA que el partido intentará marcar sus propios tópicos en la agenda «con el caballo de batalla de que el Gobierno tiene una gestión cuestionable». Por ello, Casado realiza todos los días alguna aparición televisiva y destacan que el grupo «ya registró 500 iniciativas en el Congreso relacionadas con la epidemia». También buscarán tener eco haciendo ruido «desde los gobiernos de las comunidades autónomas y ayuntamientos, anticipándose» a lo que, según ellos, el Gobierno deje sin atender.

La cúpula del PP tuvo reuniones con sectores sociales, autónomos, afectados por hipotecas... en su afán por «trasladar lo que dicen para ser su voz» y hacerse así con una centralidad en la representación de una oposición que está desdibujada, con Ciudadanos muy debilitado y Vox golpeado por la actitud errática inicial de sus dirigentes frente a la pandemia.

En lo que coinciden todas las fuentes, socialistas, moradas y «populares», es en que el escenario económico por venir será gravísimo e impactará a largo plazo. La duda está en cómo la correlación de fuerzas resuelve la disputa sobre la salida de la crisis y, claro, cómo jugarán en todo esto los insoslayables de Bruselas y la propia presión de la ciudadanía.