EH Bildu y ERC presentaron ayer una proposición de ley en el Senado para que la monarquía española se someta a la labor fiscalizadora del Tribunal de Cuentas. No en vano, tal como recoge la exposición de motivos de la iniciativa, presentada a instancia de Bernat Picornell i Grenzner, Mirella Cortès i Gès e Idurre Bideguren, «la transparencia y el control en el uso del dinero público por parte de los poderes que lo gestionan es un pilar esencial de la democracia».

«La ciudadanía tiene el derecho a saber cómo se gasta el dinero que aporta como contribución al bien común y a la gestión de los asuntos públicos», señala, e incide en que «los poderes públicos encargados de dicha gestión y de velar por el bien común tienen la obligación de informar sobre cómo es utilizado el dinero recaudado a la ciudadanía, de manera que esta confíe en los poderes públicos, se realice una labor pedagógica respecto a la necesidad de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y se reduzca o elimine el riesgo de una gestión perversa de los mismos».

«Sin embargo, la más alta institución del Estado está incomprensiblemente exenta de esta transparencia y control. Esta excepcionalidad, que no tiene amparo constitucional, mantiene en la opacidad los ingresos y gastos de quien ocupa la Jefatura de Estado y su familia, cuestionando así no sólo uno de los principios esenciales de la democracia, sino la ética y la propia legitimidad democrática de la más alta institución estatal», subraya antes de hacer hincapié en que «la familia y Casa Real, al recibir un dinero de los Presupuestos Generales del Estado, tienen la obligación moral de dar cuenta a la ciudadanía de cómo es usado el dinero público, ya que la cantidad recibida no es un simple salario para su supervivencia».

A juicio de los senadores soberanistas vascos y catalanes, las Cortes estatales deben «eliminar la opacidad que envuelve los presupuestos de la familia y la Casa Real de manera que la ciudadanía no tenga ningún tipo de dudas sobre la gestión responsable y ética del dinero público». «El dinero distribuido por las Cortes Generales, mediante la Ley anual de Presupuestos Generales del Estado, debe ser controlado por las propias Cortes Generales, mediante los oportunos informes recibidos del Tribunal de Cuentas al respecto», remarcan en la proposición de ley, en la que se recogen los cambios que se deben realizar en la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas.

«Externa y permanente»

Así, se propone que entre las funciones propias del citado órgano estatal se incluya «la fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económica-financiera de la Casa Real, así como de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado asignadas a la Familia Real, a la Jefatura del Estado o de Apoyo a la Jefatura del Estado». Y se recoge que el Tribunal de Cuentas fiscalizará «en particular» la «situación y las variaciones de patrimonio» de Felipe de Borbón y sus allegados.

Esta no es la única iniciativa parlamentaria que pone el foco en la monarquía española. La semana pasada EH Bildu y ERC presentaron en el Senado otra proposición de ley para despenalizar el delito «injurias a la Corona», ya que «la libertad de expresión es el derecho fundamental de toda persona a expresar ideas libremente, y por tanto, sin censura».

Además, el 19 de marzo diputados de PNV, EH Bildu, JxCat, ERC, CUP, BNG y Compromís registraron una petición para investigar en el Congreso las corruptelas ligadas a la familia real. La exposición de motivos recuerda que «la Fiscalía suiza está investigando una cuenta bancaria del Banco Mirabaud, que tiene su sede en el paraíso fiscal de Bahamas. El Gobierno de Arabia Saudí habría transferido 100 millones de euros del entonces rey saudí Abdul Aziz Al Saud a dicha cuenta. El titular de la misma sería la sociedad instrumental panameña Lucum Foundation, de la cual sería beneficiario el antiguo jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón».

«En estos últimos días, el diario ‘The Telegraph’ ha desvelado que el actual jefe del Estado, Felipe de Borbón, consta como beneficiario de este dinero de dudoso origen, legalidad y legitimidad», añaden los grupos parlamentarios, que insisten en que «el poder legislativo tiene la obligación de investigar estos hechos para depurar las responsabilidades políticas que se puedan derivar, así como para asumir las medidas que se consideren oportunas». La petición no fue suscrita ni por el grupo de Unidas Podemos, que dice ser partidario de algún tipo de investigación del escándalo, ni por el PSOE, que se aferra a que los letrados dicen que es inviable por la inviolabilidad real decretada por la Constitución.