Miles de civiles están protagonizando un nuevo éxodo desde el estado de Rajine, en el norte de Myanmar, ante el inicio una operación militar contra grupos armados de la zona, hogar de la minoría rohinya, expulsada en agosto de 2017 por el Ejército birmano durante una ofensiva calificada de genocidio por organizaciones humanitarias.

La nueva operación afecta a unas 30.000 personas de 43 poblaciones de Kyauktan. Unas diez aldeas han sido ya desocupadas y sus habitantes se están refugiando en campamentos en Rathedaung.

El Congreso Étnico de Rajine pidió al Ejército que las áreas civiles no se conviertan en «zonas de guerra» y que «proteja y salvaguarde las vidas, la riqueza y la propiedad de los civiles», dijo su representante Zaw Zaw Tun.

Alarmada por la situación, la ONU declaró su preocupación por las informaciones que le llegan sobre «gente atrapada por los combates o por la falta de medios para abrirse camino» e instó a los bandos en conflicto, los militares y el separatista Ejército de Arakán (budista), que se abstengan de atacar a civiles.

Las embajadas de EEUU, Gran Bretaña, Australia y Canadá aseguraron que les han llegado noticias de «incendios intencionados de la propiedad privada, bombardeos contra poblaciones civiles y detenciones extrajudiciales».

Además, se recuerda la tenebrosa asociación que representa la descripción de la operación, considerada «de aclarado», como ya se llamó a la iniciada hace tres años que provocó el éxodo de más de un millón de rohinyas que huyeron de las atrocidades del Ejército birmano.